SAN JOSÉ.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó hoy al Estado de Honduras por violar la propiedad privada colectiva en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz.
El caso se relaciona con las distintas problemáticas en torno al territorio de esa comunidad ubicada en el municipio de Tela, departamento de Atlántida.
La demanda indica que los pobladores de ese lugar no poseen un título de propiedad sobre su territorio ancestral, idóneo y culturalmente adecuado.
Además se refiere a la denegación del derecho de ese pueblo a la participación en la toma de decisiones en asuntos que les conciernen, así como de sus derechos a las garantías y protección judicial.
La CorteIDH explicó el Estado es responsable por la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, así como la duración «más allá de un plazo razonable», de las acciones judiciales y administrativas frente a las ventas y las adjudicaciones a terceros de tierras tradicionales
También declaró que Honduras es internacionalmente responsable por la violación del derecho a la propiedad colectiva por haber incumplido sus obligaciones de delimitar y demarcar unas cientos de hectáreas de territorio que le habían sido conferidas a la comunidad.
El Estado tampoco cumplió con garantizar el uso y goce de los territorios que fueron otorgados ni efectuó un proceso adecuado y efectivo que garantizara el derecho a la consulta y participación de la comunidad, a través de sus propias instituciones y órganos de representación en el caso de proyectos turísticos.
Los jueces también consideraron al Estado responsable por la violación a su deber de adecuar el derecho interno, al no haber dispuesto normas o prácticas que permitieran garantizar el derecho a la consulta al momento de los hechos, lo cual se tradujo en las violaciones hacia la comunidad.
Como medida de reparación, la Corte ordenó al Estado hondureño proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la zona en dominio pleno de la comunidad, así como concederles una garantía de ocupación y un título de propiedad colectiva.
Además, iniciar en un plazo razonable la investigación de la muerte de Jesús Álvarez, Oscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales, por causas relacionadas con la defensa de la tierra, así como crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz.