La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) escuchó este martes en una audiencia pública los testimonios y alegatos finales del proceso contra el Estado peruano por la detención ilegal y tortura sexual contra una mujer transgénero en 2008.
Así lo hizo en su 62 periodo de sesiones extraordinarias, que se realiza en la ciudad colombiana de Barranquilla.
La integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Ana María Vidal, indicó en representación de la presunta víctima que Azul Rojas Marín, quien en el momento de los hechos se reconocía como un hombre gay y hoy como una mujer transgénero, fue «torturada de manera verbal y física» y «abusada sexualmente» por tres policías dentro de una estación.
Vidal explicó que la demanda obedece a que a Rojas Marín no solamente se le violaron sus derechos al ser detenida y torturada sino que hasta el momento los responsables de los hechos no han sido sancionados ni penal ni disciplinariamente por parte del Estado y tampoco ha habido una reparación.
«La falta de investigación de los hechos resultó en la vulneración de los derechos de la víctima», anotó Vidal.
En la audiencia de la CorteIDH la representación del Estado peruano estuvo liderada por el procurador Público Especializado Supranacional, Carlos Miguel Reaño Balarezo, quien argumentó que actualmente se adelanta una nueva investigación por parte de las autoridades y que hubo una calificación «indebida» de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al llevar el caso ante la CorteIDH.
En los alegatos finales también intervino en representación de la CIDH el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, quien manifestó que «existió una negativa del Estado peruano a adelantar la investigación por tortura».
Vargas resaltó que en este caso, que es el primero que analiza la CIDH con relación a la violencia contra la población LGBTI, «la inefectividad de los recursos interpuestos por la presunta víctima estaban relacionados con la discriminación por parte de las autoridades, de cuyas actuaciones se desprendían estereotipos y elementos de revictimización».
Al término de los alegatos, el presidente de la CorteIDH, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, anunció que las partes tienen plazo hasta el próximo 30 de septiembre para presentar los alegatos escritos y después se tomará una decisión frente al caso.
Para este miércoles está previsto que el tribunal internacional realice la audiencia pública del caso «Noguera y otros Vs. Paraguay», relacionado con un joven que prestó el servicio militar en las Fuerzas Armadas de ese país y que al parecer fue sometido a ejercicios que le ocasionaron la muerte.
El jueves seguirá con el caso «Montesinos Mejía Vs. Ecuador», que tiene que ver con la supuesta detención arbitraria de un ciudadano ecuatoriano, la ausencia del debido proceso y la demora de decisiones judiciales por parte del Estado.
A partir del lunes 2 de septiembre la CorteIDH se trasladará a Bogotá para realizar audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencia sobre casos de Colombia, Argentina y Uruguay.
También, se reunirá con autoridades colombianas a lo largo de su período de sesiones y analizará medidas provisionales y la posibilidad de adopción de distintas resoluciones con relación a los casos y asuntos que están bajo su conocimiento.
La CorteIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El organismo internacional está integrado por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA.
Las sesiones se están desarrollando en Barranquilla por invitación del Gobierno colombiano y cuentan con el apoyo de la Cooperación Alemana y de Noruega. EFE