La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, informó este miercoles que este jueves y viernes realizará dos audiencias públicas sobre casos contra el Estado de Guatemala y Perú.
El caso de Guatemala llamado «Villaseñor Velarde» se relaciona con la presunta secuencia prolongada de amenazas, agresiones, hostigamientos e intimidación sufridas por María Eugenia Villaseñor Velarde en su calidad de jueza en Guatemala.
La demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que Villaseñor Velarde participó en múltiples procesos judiciales entre los años 1991 y 2012, algunos de los cuales habrían tenido impacto a nivel nacional e internacional.
Según se aduce, a lo largo de los años mencionados, Villaseñor habría denunciado a través de diversos medios que fue víctima de amenazas de muerte por vía telefónica, intento de secuestro a su hija, golpiza a su hermana y fallecimiento de su sobrina producto de un atropello.
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Además de robo de información personal, intentos de ingreso a su vehículo, destrucción de llantas y cable telefónico, allanamientos en su domicilio y secuestro a uno de los agentes policiales que resguardaba su domicilio.
La Comisión determinó que lo anterior tuvo lugar en un presunto contexto de inseguridad de jueces en Guatemala, en particular, relacionado con el conocimiento de casos de violaciones de derechos humanos cometidos por agentes estatales.
Mientras el caso que verán los jueces sobre Perú es «Munárriz Escobar«, que se relaciona con la alegada desaparición forzada de Walter Munárriz Escobar desde el 20 de marzo de 1999, después de ser presuntamente detenido en el Hospedaje Los Manolos por personal policial y llevado a una comisaría, donde, supuestamente, estuvo privado de libertad.
El Estado peruano argumentó que Walter Munárriz Escobar fue puesto en libertad, sin embargo, la demanda de la Comisión alegó que no existe prueba que acredite suficientemente dicha liberación.
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La Comisión alegó que las autoridades estatales negaron que Walter Munárriz Escobar continuara detenido bajo su custodia y se abstuvieron de dar información sobre su destino o paradero.
Por otra parte, la Comisión concluyó que a la fecha de aprobación del informe de fondo, habían pasado más de 17 años del inicio de ejecución de la presunta desaparición forzada y ésta aún no habría sido esclarecida.
La Comisión determinó que el Estado ha incurrido en una alegada demora excesiva en las investigaciones y que la misma no se sustentaría en la complejidad del asunto, sino en la alegada falta de impulso y diligencia por parte del Estado.
La Corte también llevará acabo audiencias privadas sobre supervisión de cumplimiento de medidas de reparación por parte de los Estados.
La CorteIDH forma parte de la Organización de Estados Americanos y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del organismo hemisférico.
EFE
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