SAN JOSÉ (Costa Rica).- Las autoridades costarricenses abrieron este miércoles la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad (pública) para realizar procedimientos de fecundación in vitro, lo cual forma parte del cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
«Este es un día de orgullo nacional. Las mujeres con problemas de infertilidad tienen una esperanza de que podamos ayudarles a cumplir el sueño de tener un hijo», declaró el presidente de la estatal Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Román Macaya.
Las instalaciones, valoradas en unos 6 millones de dólares, están equipada con alta tecnología y el personal fue capacitado en centros de medicina reproductiva del exterior, detalló Macaya.
«Que la Caja Costarricense del Seguro Social esté en una posición para poder ayudar a hacer una realidad ese sueño (de tener hijos) a uno lo llena de orgullo como costarricense. Por primera vez se va a ofrecer la fecundación in vitro como un servicio público accesible para todos los costarricense», expresó Macaya.
Un primer grupo de 15 mujeres será el primero en acceder al procedimiento médico en los próximos días.
Las nuevas instalaciones cuentan con un laboratorio clínico de alta tecnología para el desarrollo de la técnica de fertilización, un laboratorio de embriología y uno de andrología, sala de procedimientos, un banco de embriones, consultorios, entre otros.
La CCSS pretende atender cerca de 178 casos de fecundación in vitro al año y se autorizarán hasta dos ciclos o intentos por cada uno de ellos.
La fecundación in vitro fue prohibida en Costa Rica por la Sala Constitucional en el año 2000, pues interpretó que la vida comienza desde la concepción y que la técnica médica permitía desechar o destruir seres vivos.
Esto originó que un grupo de parejas con problemas de infertilidad presentaran una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la cual condenó al Estado costarricense en el 2012 por violar los derechos humanos de las parejas y le ordenó restablecer la aplicación del procedimiento médico.
La CorteIDH consideró que la prohibición estaba vulnerando el derecho a la vida privada y familiar, a la integridad personal en relación con la autonomía personal, a la salud sexual, a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico, y a la no discriminación.
Tras estancarse una ley al respecto en el Congreso por la oposición de diputados autodenominados «pro vida», el entonces presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, emitió un decreto en septiembre del 2015, mediante el que ordenó a la CCSS implementar la técnica médica.
Desde entonces clínicas privadas debidamente autorizadas comenzaron a ofrecer la fecundación in vitro y en marzo del 2017 nació la primera niña producto de la técnica médica tras el levantamiento de la prohibición.
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