Desde que asumió el poder en mayo, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno ha prometido poner fin a la batalla de hace un decenio entre el Gobierno y los medios.
Sin embargo, varios reporteros y editores entrevistados por el CPJ, declararon que la campaña contra la prensa emprendida por el antecesor de Moreno, el expresidente Rafael Correa, ha provocado un daño duradero al periodismo ecuatoriano.
Correa, de tendencia de izquierdas y quien prestó juramento como mandatario en 2007, demandó a medios noticiosos y a periodistas por difamación. En la TV en vivo, rompió ejemplares de periódicos y denunció a periodistas independientes como gacetilleros corruptos y cómplices de la oposición política. Además, promulgó una de las leyes de comunicación más restrictivas del hemisferio, que llevó a la censura generalizada, según investigaciones del CPJ.
«Tuvimos un Gobierno populista autoritario durante los últimos 10 años y ello ha provocado un daño inmenso», declaró al CPJ César Ricaurte, director de Fundamedios, organización defensora de la libertad de expresión con sede en Quito. «Ahora tenemos una generación entera de periodistas que piensa que está bien que el Gobierno les diga cómo hacer su trabajo».
Recuperarse del ataque de Correa a la libertad de prensa «es como recuperarse de un gran trauma», agregó Arturo Torres, editor y columnista del diario de Quito El Comercio. El desafío actual, señaló, es que los periodistas «dejen de temerle al Gobierno».
Algunos de los acontecimientos que tuvieron un efecto inhibidor sobre las redacciones fueron el torrente de demandas por difamación durante el decenio de Correa en el poder. El caso de mayor resonancia estuvo relacionado con el triunfo de Correa en una demanda por difamación de USD 40 millones contra un columnista y los propietarios del diario de Guayaquil El Universo. El fallo amenazó con llevar a la bancarrota a El Universo, hasta que Correa decidió «perdonar» al periódico en 2012.
Sin embargo, ha habido otras batallas jurídicas menos visibles.
Torres, por ejemplo, fue demandado dos veces luego de publicar en 2008 un librosobre encuentros clandestinos entre funcionarios del gobierno de Correa y guerrilleros marxistas en la vecina Colombia. Ambas demandas por difamación se desplomaron, pero, de acuerdo con Torres, sus gastos por concepto de honorarios de abogado ascendieron a USD $7,000 y agotaron casi todas las regalías procedentes de la venta de su libro. Desde entonces, sostiene Torres, para evitar futuras demandas ha dejado de lado proyectos de libro sobre narcotraficantes y actividades de lavado de dinero por parte de agentes de la Policía.
Christian Zurita, periodista del sitio de periodismo investigativo Mil Hojas, declaró que Correa había cambiado el modo como los periodistas abordaban la profesión y había fomentado lo que describió como autocensura refleja.
El punto más bajo, según Zurita, fue luego de un terremoto categoría 7.8 que ocurrió cerca de las costas ecuatorianas el año pasado. Pese a las indicaciones inmediatas de que había causado muchas muertes y destrozos de gran cuantía, sostuvo Zurita, muchos periodistas solamente mencionaron «temblores» en sus despachos iniciales y se negaron a calificar la catástrofe de «terremoto» hasta dos horas después, cuando el Gobierno finalmente lo confirmó. Zurita atribuyó la timidez de la cobertura a una reacción instintiva de los medios que los llevó a autocensurarse, y a que muchos periodistas temían la respuesta del Gobierno si ellos difundían lo que podría considerarse como noticias falsas.
«Pareciera que los periodistas tienen un chip de autocensura implantado en el cerebro. Ellos creen que la única manera de cubrir una noticia es asistir a una rueda de prensa para obtener la versión oficial de los hechos», declaró Zurita. «Va a demorar mucho tiempo recuperarnos de esto».
La cruzada contra la prensa durante el mandato de Correa también ha afectado a las familias de los periodistas.
Fernando Villavicencio, director del sitio noticioso Focus Ecuador, estuvo oculto durante meses antes de solicitar asilo en Perú el año pasado, para eludir una orden de arresto por lo que él afirma son acusaciones falsas. Un juez ecuatoriano dictó la orden de arresto en noviembre del año pasado por el supuesto delito de difundir mensajes de correo electrónico presuntamente confidenciales pertenecientes a funcionarios públicos, el abogado del periodista declaró al CPJ en la época.
Villavicencio regresó a Ecuador en septiembre, luego de que Lenin Moreno resultó elegido, y se presentó a una rueda de prensa para denunciar presuntos actos de corrupción realizados durante la gestión de Correa. Pero, al seguir vigente la orden de arresto, Villavicencio volvió a ocultarse, moviéndose de casa de seguridad en casa de seguridad en Ecuador, de acuerdo con declaraciones de su esposa, Verónica Sarauz. A mediados de septiembre, en entrevista en su apartamento de Quito, que en aquel momento estaba rodeado de carros policiales por si Villavicencio aparecía, Sarauz declaró al CPJ que ella había tenido problemas del corazón debido al estrés, y que su esposo también sufría.
«Fernando no puede continuar así», señaló Sarauz. «Él no ha hecho nada malo. Su único delito ha sido contar la verdad».
Villavicencio reapareció en Quito el 18 de octubre y, a cambio del arresto, acordó llevar un grillete electrónico en tanto su proceso judicial avanza, según informaciones de prensa.
Otro periodista que se recupera de la era Correa es Zurita, a quien Correa demandó con éxito en 2011 por un libro del cual el periodista era coautor y que trataba sobre denuncias de nepotismo en el gobierno de Correa. En 2012 el presidente Correa perdonó al periodista. Zurita declaró al CPJ que él había esperado una intimidación similar de los medios por parte del nuevo Gobierno, porque Lenín Moreno se había desempeñado como vicepresidente de Correa. Zurita expresó que el estrecho triunfo de Lenín Moreno en la segunda vuelta electoral de mayo le había provocado una profunda depresión.
«Dejé de escribir dos meses. No hacía nada. Me sentía totalmente exhausto», afirmó Zurita. «Iba a seguir el ejemplo de Villavicencio e irme a Perú. Ya había comprado pasajes de avión para toda mi familia».
Sin embargo, de manera sorpresiva, Lenín Moreno ha roto con su antiguo jefe y se ha dirigido a sectores que Correa solía denigrar, como los políticos opositores y los medios. Zurita se siente esperanzado por estos acontecimientos y señaló que ha suspendido los planes de viajar.
Ricaurte, de Fundamedios, comentó que, durante la gestión de Correa, el equilibrio de poder se inclinó de los medios privados a los medios públicos. Ante el acoso gubernamental y la inestabilidad económica, varios periódicos y revistas independientes cerraron. El gobierno de Correa inclusive amenazó con disolver Fundamedios, acusando a la organización de ser un órgano de la oposición. Correa finalmente desistió ante el escándalo internacional, declaró Ricaurte.
«Ya nos estábamos preparando para despejar nuestros escritorios», añadió.
Al mismo tiempo, Correa amplió el conjunto de medios estatales al inaugurar nuevas radioemisoras y al asumir el control de dos canales de TV privados que afrontaban problemas financieros, al igual que de dos periódicos independientes, de acuerdo con un informe publicado por el CPJ en 2011 y titulado «Confrontación y represión en el Ecuador de Correa». Antes de la presidencia de Correa, alrededor del 70 % de los empleos de periodismo en Ecuador correspondía a los medios privados, y los medios públicos empleaban al 30 % restante. Ahora, según el estimado de Ricaurte, esa proporción se ha invertido.
El gobierno de Correa convirtió a los medios públicos en órganos propagandísticos, lo cual les acarreó la pérdida de credibilidad y de gran parte de su público, señaló Andrés Michelena, asesor allegado a Lenín Moreno y quien es ahora gerente general de los medios públicos de Ecuador. En entrevista con el CPJ, Michelena apuntó a la caída de la circulación de El Telégrafo, el diario más antiguo de Ecuador, que fue comprado por el Gobierno en 2008. A medida que la línea editorial cambiaba de independiente a partidaria de Correa, explicó, las ventas diarias cayeron de 50,000 ejemplares a unos 10,000 ejemplares.
Fernando Larenas, quien fue nombrado director general de El Telégrafo en julio, declaró al CPJ que está tratando de revertir ese daño revitalizando el diario y volviéndolo a convertir en un periódico más tradicional y con cobertura equilibrada, que intentará atraer a una lectoría más amplia. Pero, admitió, tras años de producir en esencia propaganda gubernamental, el diario lo tendrá bien difícil.
Por John Otis, corresponsal del CPJ para la región andina/Fotos internet-medios