El Tribunal Constitucional declaró “infundada” la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31096, que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en taxi colectivo, aprobada por el Congreso y aplicable en todo el país, menos en Lima y Callao.
El Tribunal Constitucional atribuyó su decisión a que solo obtuvo cuatro votos de los magistrados, cuando se requería cinco adhesiones.
Marianella Ledesma, Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales y Eloy Espinosa-Saldaña votaron en favor de la demanda, Ernesto Blume y Jorge Luis Sardón se pronunciaron por declarar infundada la demanda.
“Estando a la votación descrita, y al no haberse alcanzado cinco votos conformes para declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal impugnada, corresponde declarar infundada la demanda”, se lee en la resolución.
El Tribunal Constitucional indicó, sin embargo, que sí declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta en lo referido a la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos a la vida, a la integridad y a la salud; junto a lo relacionado con la violación del derecho al medio ambiente sano y equilibrado y a los derechos de los consumidores y usuarios.
Precisa, además, que carece de objeto pronunciarse respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un proyecto de norma.
“Declarar infundada la demanda en lo referido a una supuesta inconstitucionalidad de forma (procedimiento, órgano competente y plazo)”, precisó el Tribunal Constitucional.
El Poder Ejecutivo argumentó en su demanda de inconstitucionalidad, de febrero pasado, que la Ley 31096 se expidió sin una suficiente deliberación que requería el procedimiento de aprobación de una ley.
En tanto, el Congreso consideró que todas las etapas del procedimiento legislativo que originaron la Ley 31096 se desarrollaron según lo fijado en la Carta Magna, así como en el Reglamento del Parlamento.
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