SAN JOSÉ.- La defensa de once mujeres ultrajadas y violadas por policías en los enfrentamientos de 2006 en la población mexicana de San Salvador de Atenco criticó hoy a México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) porque «no se ha condenado a nadie».
Por su parte, el fiscal general del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, aseguró que «se imputaron a 52 policías, 18 de ellos se encuentran en fase de instrucción, hubo una condena por abusos libidinosos, pero más tarde se revocó, se han levantado 36 infracciones administrativas a policías y recogido más de 200 testimonios».
En varios turnos, las representantes de las mujeres argumentaron que «los hechos de tortura, abusos y violaciones no son hechos aislados, sino coordinados» y que «la violencia es una característica central del modelo policiaco de México«.
Señalaron que las investigaciones de los hechos llegaron «tarde y mal», que las autoridades «propiciaron un clima favorable a lo ocurrido» e insistieron en que las medidas reparadoras que exigen son la verdad, la justicia y la no repetición de los hechos, porque «la impunidad fomenta la repetición».
Sobre las medidas legislativas que tomó México en los últimos años señalaron que «no han demostrado su efectividad. Todo lo contrario».
«Informes de observadores de los derechos humanos demuestran que las prácticas de tortura sexual a las mujeres son sistemáticas en el país», agregaron.
Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que «México reconoce su responsabilidad en los hechos».
«El 14 de mayo de 2013 México expresó su reconocimiento de responsabilidad internacional y pidió disculpas públicas por los hechos y, en particular, por las violaciones a las 11 mujeres», y reiteró «la convicción del gobierno de México de que las violaciones de los derechos humanos deben ser reparadas», dijo el representante del Estado.
Negó que los ultrajes fueran realizados «en un clima favorable» aunque reconoció que los policías actuaron afectados por las agresiones que sufrieron por parte de los manifestantes, que cortaron una carretera y hasta amenazaron con volar un camión de combustible.
«Reportamos 64 policías heridos, algunos por arma de fuego», señaló.
Sobre las medidas reparadoras que México ofreció a las víctimas: becas, ayudas sanitarias, viviendas, ayudas de formación, etc, argumentó que habían sido rechazadas.
En su réplica, Marcela Martín, subdirectora del Proyecto para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, insistió en que las primeras reparaciones que deben ofrecer son «la investigación en profundidad, el reconocimiento de todos los hechos, no solo parcialmente, y la justicia».
Según el escrito presentado en la corte por las agraviadas, durante el 3 y 4 de mayo de 2006 fuerzas de seguridad del Estado habrían desalojado a floricultores de un mercado local en el municipio Texcoco, en el que protestaban por la expropiación de tierras para construir un aeropuerto, con uso excesivo de la fuerza pública.
La situación habría generado en Texcoco y en San Salvador de Atenco una serie de acciones de apoyo de la comunidad, incluyendo el bloqueo de una carretera federal, lo que desencadenó enfrentamientos entre policías, comerciantes y sectores de la población que apoyaban a los floricultores, así como allanamientos y detenciones masivas.
«En los dos días, más de 200 personas habrían sido detenidas, dos civiles perdieron la vida y 67 policías federales resultaron heridos», sostiene el escrito.
Entre las personas detenidas hubo 47 mujeres, entre ellas las once de este caso, quienes reportaron haber sufrido diversas formas de violencia física y verbal.
EFE/Foto: elcomercio.com