La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la designación del nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Raúl Alfaro, dispuesto por el Poder Ejecutivo.
La institución exhorta al gobierno “a que los cambios o ajustes que realice en la PNP sigan el debido proceso y no sobrepasen el límite de sus debidas competencias” y pide respetar “la independencia y autonomía funcional” de la Policía, “de manera que puedan cumplir su finalidad constitucional de garantizar, mantener y restablecer el orden interno”.
En el documento se detalla asimismo que el desarrollo de las políticas públicas sobre seguridad ciudadana se altera cuando se dan cambios sucesivos en los altos niveles de mando, lo que afectan “la continuidad de las actividades propias de este sector y la fluidez de la coordinación entre entidades públicas”.
Al durar poco estos nombramientos, se genera “inestabilidad en la gestión de estas instituciones”, la cual afecta la ejecución de las estrategias contra la delincuencia, advierte la Defensoría.
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Se recuerda de la misma manera que el Tribunal Constitucional ha establecido en una sentencia que la renovación de cuadros en la Policía Nacional “debe encontrarse adecuadamente motivada, observando los principios de razonabilidad y proporcionalidad, el interés público y siempre respetando los derechos constitucionales”.
“Consideramos necesario garantizar la plena institucionalidad e independencia funcional de la PNP, tanto más cuando los recientes cambios se han realizado en medio de las investigaciones judiciales al presidente y su entorno, situación que debería llevar a los poderes del Estado a redoblar sus esfuerzos por respetar la autonomía e independencia de todas las instituciones”, se precisa.