La Defensoría del Pueblo respaldó este martes el mecanismo de la geolocalización aprobado por el Gobierno , para la lucha contra la criminalidad, pero formuló algunas recomendaciones para su adecuada aplicación.
En su pronunciamiento señala que la grave situación de inseguridad que afecta a la ciudadanía, exige que el Estado dote a la Policía Nacional de todos los medios necesarios para combatir eficazmente delitos tan graves como el sicariato, el secuestro y la extorsión.
Asimismo coincide con el objetivo del decreto legislativo 1182, de fortalecer las acciones de investigación y combate de la delincuencia, a través del uso de tecnologías de la información y comunicaciones, como la localización de teléfonos celulares.
Destaca que esta norma, bien aplicada, puede ser una herramienta útil para combatir eficazmente delitos flagrantes de criminalidad común y organizada.
La Suprema Corte de Justicia de México avaló por amplia mayoría el rastreo en tiempo real de teléfonos celulares relacionados con delitos graves, sin orden judicial previa, informó el diario azteca Reforma en su página de internet.
En ese aspecto aclara a algunos críticos de la ley, que señalan que esto es una interferencia a la privacidad de las comunicaciones.
La Defensoría señala que el artículo 6° de la citada norma autoriza únicamente el acceso a datos de localización o geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos, excluyéndose expresamente cualquier intervención de las telecomunicaciones.
«Es decir, la norma no autoriza a la Policía Nacional a interferir las comunicaciones o acceder al contenido de las mismas», remarca.
Recomendaciones
La Defensoría del Pueblo advierte que hay aspectos en la aplicación de este mecanismo que no han sido regulados en el decreto legislativo, y que merecerían la aprobación de una norma complementaria por parte del Congreso.
Uno de ellos es el destino o destrucción de la información obtenida, cuando esta haya sido dejada sin efecto por el Ministerio Público o no fuese convalidada por el Poder Judicial.
Esto con el fin de salvaguardar información que se encuentra dentro del ámbito del derecho a la privacidad de la persona afectada por la medida.
Asimismo, un mecanismo que garantice a ciudadanos que no están involucrados en los actos delictivos investigados, conocer que sus equipos han sido geolocalizados. (ECHA- Agencias)