La Defensoría del Pueblo instó al Ejecutivo y al Congreso de la República a evaluar la creación de una “Agencia de Seguridad Vial”, la cual estaría dedicada a establecer un conjunto ordenado y coherente de mecanismos de prevención de accidentes de tránsito, a nivel nacional, con el objetivo de proteger la vida de las personas o la minimización de sus efectos.
La propuesta institucional se dio en el marco del Día de la Seguridad Vial, que se conmemora cada tercer domingo del mes de octubre.
La adjunta para los Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez, explicó que la agencia debería encontrarse adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, en la medida que debe liderar y coordinar con todos los actores involucrados: Salud, Interior, Transportes, Bomberos, Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de uso Público (Ositran), entre otros.
Para tal efecto, en los próximos días remitirá al Congreso de la República una propuesta de conformación de una comisión u otro espacio de coordinación encargado de evaluar la creación e implementación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que convoque a representantes de todas las entidades responsables, conductores, peatones y expertos en esta materia.
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Además, la Defensoría solicitará al Ejecutivo impulsar decididamente esta medida, que viene siendo estudiada desde hace varios años.
“Es necesario evaluar y crear una agencia autónoma especializada en seguridad vial, con suficientes recursos dirigidos a mejorar las condiciones del tránsito para reducir los siniestros y que tenga la capacidad de articular con todos los sectores, además de liderar las políticas en defensa de la vida, integridad y la salud de las personas durante la circulación por las vías”, enfatizó Vásquez, quien añadió que la mayoría de accidentes de tránsito son ocasionados a causa de la excesiva velocidad o la imprudencia a la hora conducir, así como por manejar en estado de ebriedad.
#Cusco Rechazamos cualquier acto de discriminación y racismo en eventos deportivos, esto tras denuncias por canticos racistas desde la tribuna popular en el estadio Garcilaso, durante transmisión del partido entre @Club_Cienciano y @ClubALoficial. (1/2) pic.twitter.com/cNnLDAj7n1
— Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) October 17, 2022
Recordó que el Estado está en la obligación de desarrollar un marco institucional que permita el diseño, implementación y evaluación de todas las actuaciones necesarias para lograr una verdadera seguridad vial con vías públicas preparadas para reducir el riesgo de accidentes de tránsito, establecer vehículos con parámetros mínimos de seguridad y conductores capacitados y conscientes de su rol en la prevención de accidentes.
Igualmente, sostuvo que la mejora de la seguridad vial en el país requiere de un compromiso de todas y todos en forma permanente, el mismo que permitirá salvar vidas, evitar heridas y discapacidades, rehabilitaciones, el empobrecimiento y destrucción de las familias, afectadas por la pérdida de un familiar o de su fuente de ingreso.
“En los últimos 20 años se han producido más de 1 685 000 accidentes de tránsito, dejando un saldo de más de un millón de víctimas, entre personas fallecidas y heridas. No es solo las pérdidas humanas, sino el empobrecimiento de estas personas, la reducción del ingreso familiar, el tener que asumir gastos de salud y rehabilitación hasta en algunos casos psicológico. La gravedad de esta situación exige que las medidas destinadas a disminuir los accidentes de tránsito no deban seguir postergándose”, resaltó Vásquez.
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Finalmente, la Defensoría del Pueblo sostiene que el Estado tiene un rol fundamental que debe cumplir, como el procurar que las vías y los vehículos se encuentren cada vez en mejores condiciones y que los conductores se encuentren debidamente preparados. Para ello, debe establecer normas oportunas e intervenir en todos aquellos aspectos necesarios para que la circulación se realice con la máxima seguridad posible.
ANDINA