Ante el anuncio de parte del Consejo de Ministros de decretar en las próximas horas, el estado de emergencia en Lima y Callao como una forma de combatir los altos índices de criminalidad que azotan al país, la Defensoría del Pueblo ha solicitado formalmente a la Presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, al Presidente del Consejo Ministros y al ministro del Interior los documentos técnicos que sustentarían dicha medida.
“Nuestra preocupación institucional por el problema público de inseguridad ciudadana y el incremento de casos de extorsión y sicariato que viene afectando al país, merece nuestra condena y exige al Poder Ejecutivo y a los operadores de justicia, un mayor liderazgo que haga eficaz la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado”, indica.
Y añade: como se ha señalado en anteriores oportunidades, las medidas de excepción dictadas no han tenido mayor impacto en la disminución de los índices de la criminalidad. Como ejemplo, los últimos estados de emergencia declarados en Lima y varias provincias del país, no han impedido el incremento de los casos de extorsiones y sicariato.
En ese sentido, el defensor del Pueblo ha indicado que: “Para nuestra institución, la seguridad ciudadana constituye una línea prioritaria de intervención, toda vez que, si no es debidamente garantizada y protegida por el Estado conforme al mandato expreso que estipula el artículo 44 de la Constitución, se afecta y pone en riesgo el ejercicio de una serie de derechos de primer orden, como: a la vida, la libertad, la propiedad, la salud, la integridad, entre otros. Además, se debilita la institucionalidad, obstaculizando el progreso y el crecimiento socioeconómico de la nación”.
La institución ratifica su posición institucional de una intervención integral en materia de seguridad ciudadana, que privilegie a la niñez y a la adolescencia como factor clave de atención prioritaria y preventiva, por la comunidad y el Estado.
“De allí que, aun cuando existan los relevos de ministros, comandante general de la Policía Nacional del Perú y su Estado mayor, ello no garantiza una lucha efectiva contra la inseguridad ciudadana ni el cambio de la estructura social que plantea la Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, no compartimos la adopción de medidas populistas, como la iniciativa de establecer la pena de muerte como solución a esta problemática y, menos aún, con la disminución de la edad de la responsabilidad penal de los adolescentes desde los 16 años.”, expresa.
“Exigimos la inmediata destitución de los malos elementos de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial e Instituto Nacional Penitenciario, que han permitido que estas nobles instituciones hayan sido infiltradas por la criminalidad.”, manifiesta.
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Finalmente, llama a la unión de todos los poderes e instituciones del Estado y a la sociedad en su conjunto, a sumar esfuerzos en procura de un trabajo articulado que devuelva la esperanza de una vida digna en paz, disfrute de derechos y prosperidad para todos los peruanos.
Foto Andina