Defensoría registra más de 40.000 casos de corrupción en trámite

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La Defensoría del Pueblo publicó el reporte «Corrupción en cifras: casos en trámite a nivel nacional», el cual da cuenta, entre otros aspectos, de la existencia de más de 40.000 casos de procesos de esta naturaleza en trámite, desde diciembre de 2022 a la fecha. Las municipalidades están registradas como las entidades más agraviadas.

El documento detalla que los casos de corrupción en trámite ascienden a 40,095, de los cuales el 16 % (6,614 de 40,095) se concentra en Lima, el 9 % (3,677) en Áncash y un 8 % (3,341) en Cusco. Asimismo, entre 2012 y 2022 se advierte un incremento de más de 1,500 % en el número de casos de corrupción en trámite.

Según el reporte defensorial, de acuerdo a la calificación realizada por la Procuraduría Anticorrupción, al menos el 2 % (662) de los casos de corrupción son casos emblemáticos. Estos se caracterizan por la importancia social del bien o servicio público afectado, el número de procesados y el impacto mediático que pueda tener en la sociedad.

Delitos con mayor incidencia

Los delitos con mayor incidencia son peculado con un 35 % (14,073), colusión con un 34 % (13,712), y negociación incompatible con un 14 % (5,697). Asimismo, se indica que el 48 % (19,547) de los casos en trámite por corrupción presenta como entidad agraviada a las municipalidades provinciales y distritales, por debajo se encuentran los gobiernos regionales con el 20 % (8,104), y la Policía Nacional del Perú (PNP) con 7 % (2,687).

Con excepción de Huancavelica que registra al gobierno regional como entidad más agraviada, el resto de departamentos registra como entidad más agraviada a las municipalidades.

Estado de los casos

En cuanto al estado de los casos, el 70 % se encuentra aún en etapa de investigación fiscal: el 51 % (20,330) en etapa preliminar y el 19 % (7,531) en proceso de preparatoria. Solo el 15 % se encuentra en etapa intermedia (5,920) y el 11 % en juicio oral o juzgamiento (4,573), entre otros. Ello, demanda mayor celeridad en las investigaciones a nivel fiscal y el apoyo presupuestal del caso.

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