El defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, saludó hoy la aprobación de la ley de búsqueda de personas desaparecidas en el periodo de violencia (1980-2000), porque permitirá el desarrollo de una política para la identificación y entrega de restos a sus seres queridos, con un enfoque humano.
Vega sostuvo que la norma, aprobada esta tarde en el Congreso, constituye un primer paso para el trabajo coordinado e intersectorial que atienda la complejidad de esta problemática y sienta las bases de una política pública sobre la materia.
“Los familiares de las víctimas merecen encontrar respuestas y que el Estado oriente sus esfuerzos para aliviar su sufrimiento e incertidumbre”, refirió.
Destacó que esta iniciativa fue promovida por las organizaciones de víctimas y sus familiares.
“Su esfuerzo permanente por dignificar la memoria de sus seres queridos ha sido trascendental para avanzar en este camino”, apuntó.
Esta iniciativa fue presentada al Congreso por la Defensoría del Pueblo, tomando como base el documento consensuado por el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y Salud con las organizaciones de la sociedad civil y de víctimas. En las reuniones participaron expertos del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Por su parte, Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos señaló que “esta norma busca poner los cimientos para el desarrollo de una política específica para la búsqueda, identificación y entrega de restos de personas desaparecidas, entre civiles, policías y militares.
Según dijo, prioriza el enfoque humanitario y les brinda a los familiares el acompañamiento psicosocial, material y logístico durante todo este proceso.
Asimismo, consideró como importante que cada entidad encargada de la implementación de la norma cuente con todo el apoyo del Estado, en particular con el presupuesto que le permita cumplir sus obligaciones.
“Son más de 15,000 víctimas estimadas por el Ministerio Público y pese a los esfuerzos solo se han recuperado poco más de 3,000 cuerpos, sostuvo Vignolo.
La búsqueda de los desaparecidos, afirmó, debe tener como punto de partida los cerca de 6,000 sitios de entierro ubicados así como diversos registros de personas desaparecidas que serán sistematizados para contar con una base de datos única.