WASHINGTON.- El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EEUU, bajo mayoría demócrata, adoptó este lunes el primer paso para acusar de desacato al fiscal general, William Barr, por no entregar al Congreso una versión completa sin censurar del informe de la llamada trama rusa.
El presidente de ese comité, el liberal Jerrold Nadler, fijó para el próximo miércoles, 8 de mayo, a las 10.00 hora local (14.00 hora GMT) el voto para ver si se declara o no a Barr en desacato, según un comunicado publicado en la página web del órgano que preside.
Este paso se produce después de que esta mañana pasara el plazo dado por el propio Nadler al secretario de Justicia para que entregara el informe completo elaborado por el fiscal especial Robert Mueller sobre los posible vínculos entre el equipo electoral del presidente Donald Trump y Rusia durante la campaña para las elecciones de 2016.
En ese informe, del que el Departamento de Justicia ha publicado una versión censurada con numerosas tachaduras, Mueller no halló pruebas de vínculos entre el entorno de Trump y Moscú, pero arroja dudas sobre una presunta obstrucción a la justicia del mandatario.
Fiscal general, William Barr.
En su comunicado, Nadler explicó el motivo de la votación del miércoles: «El fracaso por parte del fiscal general en cumplir con nuestra citación, tras esfuerzos extensos de acomodar (una fecha), no nos deja más opción que iniciar los procedimientos por desacato para hacer cumplir la citación y el acceso al informe completo, no censurado», dijo.
«Si el Departamento (de Justicia) nos presenta de buena fe una oferta para acceder al informe íntegro y las pruebas subyacentes, me reservo el derecho de posponer estos procedimientos», indicó Nadler.
Los miembros del Comité Judicial debatirán y someterán a voto el miércoles una resolución de desacato contra Barr, que de ser aprobada pasaría al hemiciclo de la Cámara Baja, que debería pronunciarse para autorizar un procedimiento legal.
De acuerdo al diario The Washington Post, una citación por desacato supondría el inicio de una larga batalla legal sobre el informe de Mueller, ya que con esta acción los demócratas podrían poner el asunto en manos de justicia.
El caso podría tomar meses e incluso años en resolverse, como ocurrió en 2012 cuando la Cámara Baja, controlada entonces por los republicanos, acusó al fiscal general Eric Holder de desacato por el llamado caso «Rápido y Furioso», ya que se negó a entregar documentos sobre una fallida operación que permitió el trasiego ilegal de armas a México en 2009.
La medida, la primera de ese tipo contra un máximo responsable de la Justicia en activo en la historia de EEUU, no conllevó la dimisión de Holder, pero abrió las puertas a un proceso judicial tanto por la vía penal y la civil, aunque el departamento que dirigía decidió no abrirlo y la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia le eximió de culpa tras una investigación.
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