Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación, presentó una denuncia constitucional en contra del excongresista de la República, Jorge Castro Bravo, por los presuntos delitos de violación de correspondencia y concusión.
La denuncia constitucional además detalla que el delito de violación a la correspondencia está relacionado al supuesto ingreso indebido a una cuenta WhatsApp de una empleada”.
Paola Alave Quispe, exasesora de Jorge Castro, denunció que el entonces legislador le hizo pagar, con su sueldo, el alquiler de una oficina descentralizada en Tacna, cuando trabajó para el parlamentario, entre setiembre del 2016 hasta abril del 2019. Además de los servicios de mantenimiento, luz, agua, internet, hasta compras diarias.
La exasesora mostró audios de llamadas telefónicas y conversaciones de WhatsApp con Erika Cancino, asesora principal de Castro, quien acepta el cobro de diezmos no solo a ella, sino a todos los trabajadores del despacho parlamentario.
“Se le imputa al investigado Jorge Castro haber abusado de su cargo de congresista de la República al obligar o inducir a sus extrabajadores, durante julio del 2016 a abril del 2019, a entregar indebidamente parte de sus haberes y otros beneficios laborales, a fin de mantenerlos en sus cargos”, se lee en la denuncia constitucional.
Jorge Castro fue vicepresidente de la Comisión Lava Jato del disuelto Congreso que blindó a Keiko Fujimori y Alan García. Dicho grupo de trabajo fue liderado por la fujimorista Rosa Bartra.
