La representante de los familiares de las víctimas de La Cantuta, Gisela Ortíz Perea consideró un insulto el intento del expresidente Alberto Fujimori de anular la condena de 25 años de prisión por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad durante su gobierno.
«No solamente es un insulto a los familiares, es un insulto al derecho que tenemos a la justicia y es un insulto a los propios sistemas de justicia del país», señaló en declaraciones a la Agencia Andina tras manifestar su confianza en que será desestimada.
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Alberto Fujimori solicitó al Poder Judicial la nulidad de la condena que se le impuso por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y demandó un nuevo juicio, alegando que no hubo imparcialidad en la elaboración de su sentencia.
Gisela Ortiz sostuvo, además, que la pretensión de la defensa de Fujimori es una «falta de respeto» a los sistemas de justicia que ya dictaron un fallo por el caso, y a los propios familiares, que ven cómo los responsables intentan librarse de la culpa de los casos por los cuales fueron sentenciados.
«Tenemos derecho, como familiares, a vivir tranquilos sabiendo que los asesinos y responsables de la muerte de nuestros parientes están cumpliendo condena sin que se revise una y otra vez», agregó.
La activista -hermana de Luis Enrique Ortiz Pérez, una de las víctimas de la matanza de La Cantuta- resaltó que dicha sentencia no sólo fue dictada por el magistrado Cesar San Martín, a quien Alberto Fujimori acusa de no haber respetado la presunción de inocencia, sino que fue ratificada por la propia Corte Suprema.
«Realmente inadmisible que Fujimori siga presentando recursos, no solamente para invalidar esta sentencia ante el Poder Judicial, lo ha hecho antes ante el Tribunal Constitucional y todos los procesos que ha iniciado los ha perdido», agregó.
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Por último, aseveró que esta estrategia usada por la defensa de Fujimori es un mal precedente, no solo para los casos de violación de derechos humanos, sino para cualquier tipo de crimen, razón por la cual expresó su confianza en que no será aceptada por el Poder Judicial. (ECHA- Andina)
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