Con 68 votos a favor, 34 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Congreso decidió devolver a la Comisión de Constitución y Reglamento, el dictamen que planteaba la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura y el Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia.
La iniciativa buscaba regular constitucionalmente la Autoridad Nacional de Control de la Judicatura del Poder Judicial y la Autoridad Nacional de Control de la Función Fiscal del Ministerio Público.
Este dictamen, recaído en los proyectos de ley 2889, 3894, 4125, 4890 y otros, proponía una reforma constitucional de varios artículos de la Constitución Política del Perú, incluyendo los artículos 142, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 182 y 183, e incorporar nuevos artículos como el 144-A y 150-A.
Durante el debate, la congresista Silvana Robles Araujo (BS) expresó su rechazo a la propuesta de crear la Escuela Nacional de la Magistratura, calificándola de innecesaria y contraproducente. Robles argumentó que, si la intención de la reforma es fortalecer la formación de los magistrados, bastaría con realizar ajustes en la actual Academia de la Magistratura.
Además, advirtió que la creación de una nueva institución representaría un retroceso, al recrear modelos obsoletos de intervención política en la designación de magistrados. Por ello, solicitó una cuestión previa para que el dictamen regrese a la Comisión de Constitución para un análisis más exhaustivo.
Puesta a votación, la cuestión previa fue aprobada por mayoría.
La congresista Martha Moyano Delgado (FP) también intervino, manifestando su preocupación por las reformas propuestas al sistema electoral, especialmente en lo que respecta a los artículos 182 y 183 de la Constitución.
Moyano destacó que, a pesar de que el Congreso aprobó en primera votación una reforma que modifica la elección del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, persiste un conflicto sobre las decisiones paralelas que se están tomando.
Señaló que la actual Junta Nacional de Justicia ha ratificado a los jefes de la ONPE y Reniec por cinco años, lo que contrasta con las reformas en discusión. La legisladora concluyó que es urgente tomar decisiones claras para evitar confusión y garantizar la eficacia del proceso.
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Por su parte, el congresista José Balcázar Zelada (PL) cuestionó la forma en que históricamente se han elegido los magistrados y destacó que, según la actual Constitución, la elección de los vocales de la Corte Suprema y el fiscal de la Nación debe ser competencia del Senado.
Seguidamente comparó la situación con países como México y Bolivia, donde los jueces son elegidos por voto popular, y destacó la importancia de que el Congreso asuma una función clave en esta designación.
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