Afrontar de manera coordinada y conjunta la lucha contra el comercio ilegal de medicamentos en todas sus modalidades con el fin de preservar la salud de las personas es el principal compromiso de las autoridades de salud, de justicia y sector privado, señaló el director general de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud, Rubén Espinoza.
“El comercio ilegal de medicamentos es un problema de salud pública que afecta a todos y necesita la acción coordinada de las diversas instituciones del Estado y del sector privado a fin de resguardar la salud de nuestra población”, señaló Rubén Espinoza durante el “Foro Internacional de Fortalecimiento para la aplicación de la Ley N° 29675 y el Reglamento de la Cadena de Custodia de elementos materiales, evidencias y administración de bienes incautados con el nuevo Código Procesal Penal en Perú”.
Destacó que con el Código Penal vigente se requiere encaminar las acciones de coordinación de los especialistas de salud como la Digemid, con las autoridades policiales, jueces y fiscales para la lucha contra el comercio ilegal de medicamentos, actividad que está tipificada como delito contra la salud pública.
Durante el Foro, organizado por el Grupo Técnico Multisectorial de Lucha contra el Comercio Ilegal de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (Contrafalme), especialistas de España, Francia y Colombia compartieron experiencias en los procedimientos sanitarios y legales para afrontar procesos contra las personas que se dedican a este ilícito negocio que traspasa fronteras.
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— Crónica Viva (@cronica_viva) May 2, 2016
Cadena de custodia y sanciones
Por su parte, la directora ejecutiva de Establecimientos Farmacéuticos de la Digemid, Irene Chea, explicó que los productos farmacéuticos ilegales incautados por la Digemid o remitidos por las direcciones de salud, Policía Nacional del Perú o el Ministerio Público para su evaluación y el correspondiente pronunciamiento técnico, cuentan con cadena de custodia.
“Esta cadena permite preservar las evidencias garantizando la autenticidad de las muestras incautadas y que no han sufrido alteración. De esta manera se logran resultados concretos en materia de detención y judicialización de los responsables, así como el desmantelamiento de las organizaciones criminales”, resaltó Irene Chea.
Irene Chea recordó que la legislación vigente establece penas que van desde los cuatro hasta los 15 años de prisión efectiva para quienes se dediquen a esta ilícita actividad.
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