RÍO DE JANEIRO.- En mensaje a la comisión del Senado que la investiga, la suspendida presidenta brasileña, Dilma Rousseff, señaló que Brasil no merece sufrir una nueva ruptura democrática y dijo ser víctima de una farsa.
El mensaje fue leído por su abogado, José Eduardo Cardozo, quien señaló que se pidió a la mandataria que no venga a este juego de cartas marcadas para no legitimar un golpe e insistió que se juzga a una persona inocente al atribuirle supuestos delitos fiscales.
En la misiva, de 32 páginas, Rousseff defiende el mandato que le otorgaron «54 millones de votos» en el 2014, cuando fue reelegida, y se describe como «una mujer honesta, una funcionaria pública dedicada y una luchadora por las causas justas».
El abogado José Eduardo Cardozo dio lectura al mensaje enviado por la suspendida mandataria, Dilma Rousseff, a la comisión senatorial que la investiga.
Afirma que ejerció ese mandato «de forma digna y honesta» y que «jamás» desvió «un solo centavo del patrimonio público» para su propio enriquecimiento o el de terceros.
Asimismo hizo un repaso de su vida política, que inició en su juventud con grupos que resistían a la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, y asegura que «nunca» dejó de luchar por la democracia y por «la construcción de una sociedad más justa».
Tras varias páginas de contenido puramente político, entra en el mérito de las acusaciones e insiste en que no tienen base legal y constituyen una «farsa política y jurídica».
Dilma Rousseff al lado del vicepresidente Michel Temer quien impulsó el juicio político y ahora la reemplaza interinamente.
Rousseff pide a los brasileños que «les digan no a aquellos que, con una absoluta falta de escrúpulos, se valen de la traición, de la mentira, el embuste y el golpismo para hipócritamente llegar al poder».
Aunque no lo cita directamente, parece aludir así a Michel Temer, su ex vicepresidente, quien la sustituye desde el pasado 12 de mayo y heredaría definitivamente su mandato si fuera destituida.
La mandataria es acusada de diversas irregularidades fiscales, que incluyen la firma de decretos que alteraron los presupuestos sin autorización del Congreso, y de haber contratado créditos para el gobierno con la banca estatal, todo lo cual está prohibido por las leyes que rigen el uso del dinero público.
Esas irregularidades fueron constatadas confirmadas parcialmente en un análisis realizado por expertos del Senado a pedido de la propia defensa de la mandataria.
La senadora Simone Tebet, quien ya ha manifestado su convicción sobre la culpabilidad de Rousseff, afirmó que la comisión ha acumulado «más de 200 horas de trabajo» en las que ha escuchado a 39 testigos y agregó que eso «no puede ser tildado de fraude y mucho menos de golpe». (ECHA – Agencias)