RÍO DE JANEIRO.- La suspendida presidenta, Dilma Rousseff, consideró este lunes que la pericia presentada por técnicos del propio Senado a la Comisión Procesal corrobora que el proceso de impeachment carece de todo sustento legal.
“Para llevar adelante un juicio político debería existir un delito de responsabilidad y el laudo de la junta pericial, cuya composición aprobó el colegiado, deja claro que los actos por los cuales fui acusada no caracterizan esa violación” subrayó la mandataria en declaraciones amplificadas por el diario digital Brasil 247.
En un informe de 223 páginas, los auditores afirmaron que hubo irregularidades en la liberación de créditos mediante decretos suplementarios sin autorización del Congreso, así como en los atrasos ocurridos en los pagos de subsidios de bancos públicos al Plan Cosecha, de financiamiento al sector agrícola.
Sin embargo, en este último caso (las conocidas como pedaladas fiscales) no se identificó una acción directa de la Presidenta temporalmente apartada, admitieron.
Rousseff recordó que comenzaron siendo seis decretos; ahora la pericia dice que son tres y “en ninguno de estos fue constatada participación dolosa de mi parte, pues no hay parecer técnico alguno según el cual al firmarlos estaría comprometiendo el cumplimiento de la meta fiscal”.
La pericia, realizada a petición del abogado defensor de Dilma, José Eduardo Cardozo, y autorizada por el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Ricardo Lewandowski, fue elaborada a partir de informes del Tribunal de Cuentas de la Unión.
En la realización de la misma trabajaron tres peritos del Senado Federal, uno de los cuales, Diego Prandino Alves, fue impugnado por Cardozo atendiendo a su fuerte compromiso contra la apartada gobernante, puesto de manifiesto a través de las redes sociales, alegó.
La propia publicación reprodujo además esta tarde un comentario del periodista Fernando Brito, del sitio web Tijolazo, el cual señala que la pericia, llena de sofismas, «no consigue esconder varias verdades que muestran que el proceso de impeachment de Dilma Roussef no tiene la menor base legal».
Considera que la mayor de esas certezas es que no existe acto alguno en los atrasos en las transferencias del Tesoro a los bancos públicos (pedaladas), por acción o por omisión, atribuible a la mandataria. (ECHA- Agencias)