El primer ministro, Gustavo Adrianzén, calificó hoy de “impropio” el comunicado emitido por el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) contra la jefa de Estado Dina Boluarte Zegarra, tras la revelación de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), sobre ingresos de origen desconocido en las cuentas de la presidenta.
Tras la sesión del Consejo de Ministros, el premier consideró que este pronunciamiento es “inmerecidamente violento” y “ofensivo” en contra de los esfuerzos de gobernabilidad del Poder Ejecutivo.
“Hemos leído con preocupación un comunicado inmerecidamente violento, ofensivo, dirigido al Gobierno y que va en contra de los esfuerzos de gobernabilidad que se están llevando adelante”, manifestó el titular de la PCM.
“En un acto que consideramos impropio cuando no ligero, hemos leído con sorpresa el contenido de un pronunciamiento que no representa a la totalidad de los gobiernos regionales, muy por el contrario, estamos seguros que la gran mayoría de gobiernos regionales están convencidos del esfuerzo que día a día se está haciendo codo a codo a su lado para solucionar los grandes problema que tenemos en la regiones”, añadió Gustavo Adrianzén.
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Aseguró que el esfuerzo que realiza el Ejecutuvo de forma multisectorial tiene como propósito fundamental acortar las brechas en beneficio de quienes menos tienen.
“No obstante lo expresado, confiamos que del dialogo abierto, franco y transparente al que siempre hemos invitado a las fuerzas políticas ha de permitir que aquellos gobernadores que han suscrito este pronunciamiento que firma el Consejo Directivo de la ANGR puedan, como consecuencia de este diálogo, que las diferencias e inquietudes puedan ser resueltas en un plano de diálogo transparente, franco y abierto”, sentenció.
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El Consejo Directivo de la ANGR aseguró que las regiones del país no respaldarán “actos manchados de ilegalidad”, en relación con la nueva denuncia contra Dina Boluarte.
En un comunicado, precisó que los hechos que se atribuyen a Dina Boluarte Zegarra, en torno al incremento patrimonial no justificado, cuyo origen no se ha acreditado, deben ser materia de una “exhaustiva investigación” por el Poder Judicial.
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“Las regiones del país no respaldaremos actos manchados de ilegalidad y que pongan en peligro la gobernabilidad y estabilidad del país”, mencionó.
“Necesitamos fortalecer nuestras instituciones, resolver los principales problemas que afectan a nuestra población, que se encuentra permanentemente en medio de conflictos políticos, impidiendo atender sus demandas”, concluyó.
RG- Foto PCM