QUITO.- El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, informó hoy que un juez resolvió que durante las investigaciones de los contratos con la empresa Odebrecht, las instituciones públicas se abstengan, temporalmente, de contratar con esa compañía brasileña.
«Durante investigación de contratos de Odebrecht en Ecuador, las instituciones estatales no podrán, temporalmente, contratar con esa empresa», escribió Galo Chiriboga (foto) en su cuenta de Twitter.
Añadió que «por pedido de Fiscalía, como un acto urgente, Juez de Pichincha resolvió que instituciones se abstengan de celebrar contratos con #Odebrecht».
El pasado 29 de diciembre, Chiriboga aseguró que se envió el pedido de asistencia penal internacional a EEUU dentro de la investigación previa «por presunto cohecho» en el caso Odebrecht.
A finales de diciembre, Andrés Páez, candidato a vicepresidente de Ecuador por el movimiento opositor CREO, anunció que de ser necesario viajará a EEUU en busca de información sobre los supuestos involucrados en presuntos sobornos de la empresa brasileña en el país andino por 33,5 millones de dólares.
En una entrevista con la televisión Ecuavisa, Páez consideró entonces que lo que el Gobierno ecuatoriano «debería hacer es simplemente acudir al Departamento de Justicia de Estados Unidos y pedir que la lista (de presuntos involucrados) se publique».
Páez apuntó que si el Gobierno no acude en busca de esa información, lo hará él.
«Acudiré ante el juez de la corte de Nueva York para presentarme como tercero interesado y para exigirle, a través de la normativa vigente en los Estados Unidos, que se revele esa lista porque el Ecuador exige conocer quiénes son los autores de este nuevo atraco al Estado ecuatoriano», subrayó entonces.
El 26 de diciembre, el Gobierno ecuatoriano señaló que no aceptará «sin pruebas ni beneficio de inventario» las versiones de funcionarios de Odebrecht sobre supuestos sobornos de la empresa.
«Tampoco aceptaremos, sin pruebas ni beneficio de inventario, las versiones de los directivos de una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción y que para atenuarlos, literalmente ‘negocia’ su responsabilidad ante la Justicia estadounidense con millonarias multas de por medio», indicó el Gobierno en un comunicado difundido por la Secretaría de Comunicación (Secom).
Sobre el comunicado, Páez apuntó que «pensar que en los actos de corrupción se van a registrar documentos, recibos, comprobantes, facturas o escrituras es una barbaridad».
En el escrito difundido por el Gobierno, la Secom consideró que «el ejemplo que pone el Departamento de Justicia de Estados Unidos como caso de corrupción es por demás desafortunado, ya que argumenta que funcionarios públicos recibieron coimas en el año 2007 y 2008, precisamente cuando Odebrecht fue expulsada del país».
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El presidente Rafael Correa, en el poder desde 2007, expulsó a la firma brasileña en el 2008 por irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco.
Odebrecht volvió a Ecuador el 2010, luego de que «aceptara todas las condiciones exigidas por el Gobierno Nacional», señaló la Secom en su comunicado, en el que apuntó que el «único» contrato vigente que tiene actualmente la firma brasileña es la construcción de la segunda fase del Metro de Quito por 1.538 millones de dólares.
El pasado 22 de diciembre, el Gobierno de Ecuador exigió que sean revelados los nombres de quienes pudieron estar involucrados en supuestos actos corruptos «para determinar si hubo funcionarios públicos involucrados en una presunta red de corrupción» o personas que, en nombre del Gobierno, «podrían haber cometido irregularidades».
Esa fue la primera reacción gubernamental después de que el 21 de diciembre se conociera información procedente del Departamento de Justicia de EEUU, según la cual la constructora brasileña pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.
El informe del Departamento de Justicia indica que en Ecuador, entre el 2007 y 2016, la constructora hizo pagos corruptos por valor de más de 35.5 millones de dólares a «funcionarios del Gobierno», lo que le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.
El secretario jurídico de la Presidencia de Ecuador, Alexis Mera, aseguró en una conferencia de prensa que el Ejecutivo ecuatoriano no va a proteger ni a encubrir a ningún responsable en eventuales actos corruptos, sino a favorecer las investigaciones. «No nos importa que caiga quien caiga», aseveró en diciembre.