QUITO (Ecuador).- Las muertes violentas en Ecuador llegaron a cuatro mil 835 durante el actual año, cifra superior a los homicidios del 2022, periodo que fue considerado como el más sangriento de la historia de esta nación, según cifras divulgadas hoy.
Hasta el momento, los crímenes de los primeros ocho meses del 2023 superan en un cuatro por ciento los del año pasado, lo cual causa alarma entre la ciudadanía y expertos.
Para el abogado penalista Efrén Guerrero, citado este martes por el diario Expreso, los números son la fiel muestra del “fracaso en las medidas de seguridad” porque “no se trata de darles más bala a los policías”, sino de «establecer políticas públicas completas para la sociedad”.
Otro jurista citado por ese medio, Joan Paúl Egred, coincide en que el crecimiento acelerado de la violencia a nivel nacional es por la falta de políticas públicas integrales, aunque considera que también se debe a la ausencia de la Fiscalía en sus competencias.
La fiscal general Diana Salazar tiene sus ojos puestos en los casos mediáticos o específicos, pero no se tiene hasta la fecha ningún cartel desarticulado, ninguna organización criminal internacional sacada del país o cabecillas apresados o procesados, lamentó Egred.
La semana pasada Ecuador fue testigo de una escalada en la crisis de seguridad, con explosivos y coches bombas en las calles de varias ciudades, incluida la capital.
A las puertas de la segunda vuelta electoral del 15 de octubre, Guerrero y Egred coinciden en que al menos para enmendar la situación en un corto y mediano plazo, es necesario una “mano dura” frente al crimen organizado.
Para eso, sugieren como medidas inmediatas cortar la comunicación en los centros carcelarios, fuerte resguardo en las zonas fronterizas, una rigurosa revisión sobre la condición de personas en movilidad irregular, junto con inteligencia, contrainteligencia y acciones sociales integrales.
El gasto público en temas de seguridad creció apenas en cinco por ciento en lo que va del 2023, pese a que este ha sido el año con la peor ola de violencia ligada al narcotráfico, señaló el portal digital Primicias.
El ministro del Interior, Juan Zapata, justificó que las compras de implementos para los uniformados tardan porque estos no se fabrican en la nación sudamericana y se requiere hacer pedidos al exterior.
La crisis de inseguridad escala cada día en todo el territorio nacional a mes y medio de los comicios presidenciales, cuando los ciudadanos deberán elegir entre la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, y Daniel Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional.
El analista político Nahuel Mendoza afirmó en sus redes sociales que la actual situación de inseguridad es resultado de las políticas neoliberales del actual mandatario, Guillermo Lasso, y alertó que Noboa representa exactamente lo mismo.
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Fuente Prensa Latina / foto Twitter