WASHINGTON.- La batalla sobre el veto migratorio del presidente Donald Trump, llega la próxima semana al Tribunal Supremo, que deberá decidir si el mandatario se extralimitó en sus poderes y trató de discriminar a los ciudadanos de países musulmanes.
Este miércoles el Tribunal Supremo celebrará una audiencia para estudiar el caso, aunque no emitirá una sentencia hasta junio, para dilucidar la legalidad de la tercera versión del veto migratorio, diseñado para obstaculizar indefinidamente la entrada a EEUU de los nacionales de seis países de mayoría musulmana (Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen) y que incluye restricciones para los ciudadanos de Venezuela y Corea del Norte.
Todo comenzó en la campaña para las elecciones de 2016, cuando un matrimonio radicalizado perpetró un atentado en San Bernardino (California) y Trump aprovechó para prometer un «bloqueo completo y total» a la entrada de musulmanes a Estados Unidos, con el fin de detener el terrorismo yihadista.
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«Hasta que no podamos determinar y comprender este problema y la peligrosa amenaza que representa, nuestro país no puede seguir siendo víctima de los horrendos ataques de personas que solo creen en la yihad y que no razonan ni tienen respeto por la vida humana», afirmó Trump en ese entonces.
Solo una semana después de llegar al poder, Trump proclamó mediante una orden ejecutiva su primer veto, titulado: «Protegiendo a la nación de la entrada de terroristas extranjeros».
El decreto entró en vigor de manera inmediata y desató el caos en todo el mundo: familias que no pudieron embarcar en sus vuelos a Estados Unidos, manifestaciones masivas en los aeropuertos y abogados acampados en las terminales de llegadas para asesorar a aquellos que eran retenidos en aduanas.
Como resultado de esa orden, 700 viajeros fueron detenidos en los aeropuertos y 60.000 visados fueron revocados temporalmente, según datos del Departamento de Estado.
Ese primer veto acabó bloqueado en los tribunales y, ante la dificultad de defenderlo ante la Justicia, Trump proclamó el 6 de marzo de 2017 una nueva versión, que fijaba una restricción de 120 días para los refugiados y de 90 días para los nacionales de seis países (Irán, Somalia, Sudán, Siria, el Yemen y Libia).
Tras varios reveses judiciales, ese veto pudo entrar en vigor gracias al Tribunal Supremo, que permitió al Gobierno restringir la entrada de aquellos que no tenían familia cercana en Estados Unidos.
Las restricciones eran temporales y, cuando expiraron en septiembre de 2017, Trump proclamó su tercer veto, que incluyó por primera vez a dos países sin mayoría musulmana: Corea del Norte y Venezuela, donde las restricciones solo afectaron a algunos funcionarios y su «familia inmediata».
De nuevo, fue el Tribunal Supremo el que permitió el pasado diciembre la implementación de esa tercera versión del veto.
La medida impide la entrada a EEUU de los nacionales de cinco países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Siria, Yemen y Libia) que ya habían sido incluidos anteriormente.
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Trump metió también a Chad, de mayoría musulmana, pero este mismo mes la Casa Blanca anunció su salida de la «lista negra» debido a las mejoras en seguridad del país africano. (ECHA- Agencias)