CALIFORNIA.– Un tribunal federal estableció que el Sheriff de Los Ángeles violó la Constitución al mantener a miles de migrantes detenidos, en base a solicitudes ilegales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El fallo del tribunal confirma asimismo que los demandantes tienen derecho a indemnización monetaria en compensación por sus detenciones ilegales.
La decisión del tribunal es el último capítulo de la innovadora demanda colectiva Roy v. County of Los Angeles presentada por individuos detenidos ilegalmente en la cárcel del condado, representados por la Fundación ACLU del Sur de California, la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) ), el bufete de abogados de Kaye, McLane, Bednarski & Litt, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) y el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU.
“La decisión del tribunal justifica años de trabajo de la comunidad inmigrante de Los Ángeles para desafiar los abusos del departamento del Sheriff. Es una prueba más para las agencias del orden local que habrá consecuencias por colaborar con el asalto inconstitucional de ICE contra los inmigrantes”, dijo Jessica Bansal, directora de litigios de NDLON.
“Esto confirma que la Ley de Valores de California no es solo una buena política, sino que también garantiza que la policía cumpla con la Constitución de Estados Unidos”, agregó.
El juez escribió: “El epicentro de la decisión de la Corte es que la policía local en este caso no tiene la autoridad para arrestar a personas por violaciones civiles de inmigración, lo cual se alinea con el precedente de la Corte Suprema”.
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Por años, el LASD – la agencia del orden más grande en Estados Unidos – negó crudamente a los inmigrantes protecciones constitucionales que se aplican universalmente a todos los otros detenidos en la cárcel, injustificadamente los mantienen como prisioneros sin causa”, dijo Lindsay Battles, abogada con Kaye, McLane, Bednarski y Litt.
“Estas decisiones aseguran que el departamento del Sheriff no escapará a la responsabilidad de miles de encarcelamientos ilegales y se le exigirá que compense a cada persona lesionada por sus políticas inconstitucionales”.
En una decisión complementaria, el tribunal amplió significativamente el número de personas con derecho a una compensación monetaria por haber sido retenidos ilegalmente por el LASD como resultado de un detainer (pedido de retención) de ICE.
Se estima que más de 10,000 personas podrían tener derecho a una indemnización por días, y en algunos casos meses, de retención ilegal y la consecuencia colateral de no ser liberados bajo fianza.
“Esta decisión debería ser una llamada de atención a las fuerzas del orden público de todo el país”, dijo Jennie Pasquarella, directora de derechos de inmigrantes y abogada principal de la ACLU del sur de California.