WASHINGTON (EEUU).- Varias organizaciones de la sociedad civil estadounidense anunciaron este viernes una demanda judicial contra el Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, por la transferencia de 3,800 millones de dólares de fondos adicionales del Pentágono para la construcción del muro en la frontera con México.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), el Club Sierra y la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, que presentaron la demanda en el Distrito Norte de California, aseguraron en un comunicado que el Gobierno ha asignado esos fondos a la construcción del muro sin la autorización del Congreso, por lo que los tribunales deben seguir deteniendo su «escandaloso abuso de poder».
Hace dos semanas, el secretario de Defensa, Mark Esper, autorizó dedicar 3,800 millones de dólares del presupuesto asignado a nuevas aeronaves, buques y equipos de la Guardia Nacional para que el Departamento de Seguridad Nacional construya unos 285 kilómetros de vallado en la frontera para evitar la inmigración ilegal.
Un grupo de nueve senadores demócratas ya se quejaron de esa decisión, que elude la autoridad del Congreso, en una carta enviada a Esper.
«La transferencia ilegal de miles de millones de dólares de la Administración de Trump para la construcción de muros ha creado un desastre en los territorios de la frontera», aseguró en un comunicado Gloria Smith, abogada jefa de la organización ecologista Sierra Club.
“La destrucción de sitios culturales, cementerios tribales, especies en peligro de extinción, cactus protegidos y recursos hídricos muestra que Trump no se detendrá ante nada para levantar este muro, ni ante recursos irreemplazables ni la Constitución», añadió.
El tribunal del Distrito Norte de California, en el que se presentó la demanda, emitió el año pasado varios fallos para bloquear una transferencia inicial de más de 6,000 millones de dólares de fondos militares para sufragar la construcción del muro que había ordenado Trump.
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Trump recurrió a la declaración de una emergencia en la frontera sur del país debido a la ola de inmigrantes indocumentados que la cruzaban clandestinamente para eludir la autoridad del Congreso y justificar el desvío de fondos del Pentágono para la construcción del muro, una de sus principales promesas electorales.
El Gobierno ha recurrido dichos fallos ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que aún no se ha pronunciado al respecto.
El Tribunal Supremo, sin embargo, dio luz verde temporalmente en julio pasado al uso de dichos fondos para la construcción del muro a la espera de que se resuelva la apelación, pero sin tomar una decisión definitiva.
«El presidente está replicando su artimaña ilegal para asaltar los fondos de los contribuyentes para (pagar) su promesa de campaña xenófoba, que está destruyendo los tesoros nacionales, dañando el medio ambiente y profanando las tierras tribales», dijo el abogado de ACLU, Dror Ladin.
«Lo paramos antes y volvemos a la Corte para detenerlo de nuevo», agregó.
Trump, que se presenta este noviembre a la reelección para un segundo mandato, ha prometido construir más de 805 kilómetros de muro para principios del próximo año.
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