WASHINGTON — En otro duro revés para la Administración Trump, el juez federal, John Bates, ordenó este viernes el pleno restablecimiento del programa de “acción diferida” de 2012 (DACA), que el gobierno desmanteló en septiembre de 2017.
En su resolución de 25 páginas explicó que la anulación de DACA fue “ilegal” y que la Administración Trump no ha logrado justificar su cancelación adecuadamente, aún después del plazo de 90 días que su tribunal le había dado.
Sin embargo, Bates, del tribunal en el Distrito de Columbia, sede de la capital estadounidense, dio plazo de 20 días a la Administración, hasta el próximo 23 de agosto, para responder a su orden judicial, apelándola o solicitando su suspensión temporal.
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El magistrado precisó en el documento que no está cuestionando si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene o no la autoridad legal o constitucional de anular DACA, sino que, si desea hacerlo, tiene que dar una “explicación racional”.
Bates, un juez designado durante la Administración de George W. Bush, rechazó la solicitud de la Administración de reevaluar su decisión del pasado 24 de abril de restaurar DACA, al precisar que el tribunal “ya dio al DHS la oportunidad de remediar las deficiencias” en su justificación, y “no lo hará más”.
De otro lado Devin O´Malley, portavoz del Departamento de Justicia, dijo que la orden de Bates “no cambia la postura del Departamento de Justicia sobre los hechos: DACA fue implementado unilateralmente después de que el Congreso declinó extender beneficios a este mismo grupo de extranjeros ilegales”.
Repitiendo los argumentos que utilizó en abril pasado, O´Malley insistió que el DHS actuó dentro de su autoridad legal para eliminar de forma gradual y ordenada DACA, y que el cumplimiento de las leyes es vital para “proteger a una nación, sus fronteras y ciudadanos”.
“El Departamento de Justicia continuará defendiendo vigorosamente esta postura, y espera reivindicarla en más litigios”, insisitió O´Malley, dejando entrever una prolongada batalla legal.
A menos que la Administración apele el nuevo fallo de Bates –y efectivamente se prolongue esta batalla legal-, el dictamen entrará en vigor a finales de mes y la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) tendrá que aceptar nuevas solicitudes de jóvenes que reúnen los requisitos de DACA.
Tres jueces federales, incluyendo a Bates, ya habían ordenado el restablecimiento de DACA, por lo que USCIS ha estado tramitando solicitudes para la renovación de los permisos.
La decisión de Bates ha sido causa de celebración de grupos defensores de los Dreamers, que desde siempre han destacado, con testimonios y múltiples estudios a la mano, las contribuciones de estos jóvenes a la economía y la vida nacional.