WASHINGTON.- El presidente de EEUU, Barack Obama, amenazó hoy con vetar la ley que pretende acabar con las llamadas «ciudades santuarios«, donde las autoridades locales protegen de la deportación a inmigrantes indocumentados.
El Senado tiene previsto votar hoy una propuesta de ley que prohibiría que algunas ciudades se nieguen a entregar a las autoridades federales a inmigrantes indocumentados para que sean deportados, algo que lastra sus finanzas y desvía recursos de otras áreas.
Obama aseguró que esa medida desviaría fondos de seguridad locales y estatales y sería contraproducente en comunidades de todo EEUU.
«La ley básicamente convertiría los departamentos de seguridad policial en funcionarios federales de inmigración, en algunas circunstancias», asegura la Casa Blanca en un comunicado distribuido hoy.
El Gobierno de Obama argumenta que obligar a las ciudades a utilizar a sus departamentos de policía para entregar a indocumentados a las autoridades federales desviaría recursos que ahora se dedican a perseguir a los indocumentados con crímenes serios a sus espaldas.
La iniciativa legal, llamada «Paremos las Políticas Santuario«, fue tramitada por el senador republicano del estado sureño de Luisiana David Vitter y cuenta con el apoyo de los precandidatos presidenciales y senadores conservadores Ted Cruz y Marco Rubio, ambos cubano-estadounidenses.
La proposición de ley, que necesitaría más de 60 votos, algo que con los republicanos no tienen en la Cámara alta, bloquearía fondos federales a aquellas ciudades que no colaboren con las autoridades de inmigración y obligaría a sentenciar con un mínimo de cinco años a un indocumentado que vuelva a entrar en el país tras haber sido condenado por un delito agravado.
«Esta ley no ofrece las necesitadas reformas integrales en nuestro sistema migratorio y mina los esfuerzos de la Administración para expulsar a los criminales más peligrosos y colaborar con agencias de seguridad locales y estatales», indicó la Casa Blanca.
«El modo más efectivo para mejorar la seguridad es con políticas efectivas y sensato que enfoquen recursos en las amenazas públicas más importantes (…). Esta ley también perjudicará a los fondos federales recibidos por Gobiernos locales y estatales que son críticos para la seguridad y para hacer frente a los problemas de la comunidad», explica el comunicado.
La ley ha conseguido tracción tras el caso de la joven de 32 años Kate Steinle, que falleció en San Francisco en julio pasado por el disparo de un mexicano que había sido deportado cinco veces y había sido acusado de delitos de menudeo de drogas.
El proyecto de ley ha sido apodado por el líder de la minoría demócrata del Senado, Harry Reid, como «la ley Donald Trump«, en referencia a los comentarios del magnate, que encabeza las encuestas por la nominación republicana para las elecciones presidenciales del 2016, sobre su idea de deportar a todos los indocumentados del país.
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