WASHINGTON.- La jueza federal de Estados Unidos Ellen Huvelle rechazó hoy la petición de la defensa del exjefe paramilitar colombiano Salvatore Mancuso (foto) para que, en caso de ser condenado, la pena de prisión sea menor a los 21 años y 11 meses que solicita la Fiscalía, informaron fuentes jurídicas.
En una audiencia celebrada hoy en la Corte del Distrito de Columbia, ubicada en Washington, la defensa de Mancuso argumentó que si el paramilitar es sentenciado por narcotráfico debería recibir una condena menor debido a su colaboración con la Justicia estadounidense y colombiana.
Sin embargo, la magistrada permitió al Departamento de Justicia mantener su solicitud de pena contra Mancuso, el dirigente de más alto rango de las ya disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) extraditado a EEUU, y al que la Justicia de este país acusa de ser un «traficante de droga», según el documento de petición de condena al que tuvo acceso Efe.
«El defendido era un comandante de las AUC que tenía bajo su cargo una gran área estratégica del norte de Colombia y, por lo tanto, controlaba el tráfico de droga de esa zona, desde la agricultura hasta la producción en laboratorios, el transporte y la distribución», aseguró en su escrito de acusación el Gobierno de EEUU.
Aunque Mancuso compartía el liderazgo de las AUC con el fallecido Carlos Castaño, la Justicia de EEUU asegura que el acusado era quien «ejercía control directo» sobre algunos de los bloques de esos escuadrones paramilitares de ultraderecha, compuestos en total por 30.000 personas organizadas como una «división del Ejército».
La decisión de la Justicia de Estados Unidos sobre Mancuso no se conocerá hasta el 30 de junio, cuando está programada en la Corte del Distrito de Columbia la audiencia para que la magistrada estadounidense dicte condena.
Ese día se pondrá fin al viaje que Mancuso, alias «El Mono», y otros 13 altos exjefes militares de las AUC comenzaron el 13 de mayo del 2008 en aviones de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), cuando el entonces presidente colombiano, Álvaro Uribe (2002-2010), autorizó su extradición a EEUU.
Entonces, el Gobierno de Uribe alegó que los extraditados habían incumplido los compromisos de la Ley de Justicia y Paz al haber seguido delinquiendo desde la prisión y, por tanto, no merecían los beneficios de esa medida, destinada a los paramilitares que habían depuesto las armas.