WASHINGTON.- Las autoridades de Estados Unidos impusieron este miércoles un paquete de sanciones contra 21 funcionarios del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y miembros de su aparato de seguridad por su implicación en el «fraude electoral» y en las acciones «represivas» adoptadas tras los comicios del 28 de julio.
El Departamento del Tesoro indicó en un comunicado que todos ellos –entre los que se encuentra Daniella Desiree Cabello Contreras, la hija del ministro del Interior venezolano–, han sido sancionados debido a que mantienen vínculos con las autoridades del país caribeño y han «apoyado y contribuido a sacar adelante las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse ganador de forma fraudulenta de las elecciones venezolanas».
«Han ayudado a ignorar la voluntad de la mayoría de los votantes, que han elegido a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente», recoge el texto, que apunta a que las fuerzas de seguridad –de las que forman parte algunos de los sancionados– han detenido de forma arbitraria a algunos opositores de forma masiva y violenta, negando a la población el derecho a reunirse pacíficamente», señaló el Tesoro.
Entre las tácticas utilizadas por estos funcionarios se encuentran los «arrestos arbitrarios», incluido el del propio González, que se «vio obligado a abandonar Venezuela», indica el comunicado. «Todo esto supone un intento desesperado de silenciar las voces de los ciudadanos», indicó el subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith.
«Estados Unidos seguirá señalando a aquellos que usan la violencia y la intimidación para socavar la democracia y el derecho legítimo a la libertad de expresión», apuntó el Tesoro, que sitúa ya en 2.000 las personas que han visto restringidos por «verse implicados en actos de corrupción o haber violado los Derechos Humanos del pueblo venezolano».
Entre los sancionados se encuentra el ministro de Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado; el de Comunicación, Freddy Ñáñez; y el de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa, además de varios altos cargos de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
«ACTO DESESPERADO»
El Ministerio de Exteriores de Venezuela condenó «en los términos más enérgicos la imposición ilegítima de medidas coercitivas unilaterales» contra «un grupo de patriotas» que «se han dedicado a salvaguardar la paz, la estabilidad, la recuperación económica y la unidad nacional» frente a la «violencia fascista» de Estados Unidos.
«Las medidas anunciadas el día de hoy son un acto desesperado de un gobierno decadente y errático que busca ocultar su rotundo fracaso electoral y la grave crisis social en la que deja al país, con una nueva agresión contra el noble pueblo venezolano», señaló.
Las sanciones de Estados Unidos buscan, según Caracas, «dar un último aliento a un grupo fascista disperso y desprestigiado que no tiene arraigo en la población venezolana para prolongar así su fracasada política de cambio de régimen».
«A cuatro meses de la gran victoria popular, el Gobierno bolivariano reafirma su compromiso inquebrantable de seguir consolidando su modelo democrático participativo y protagónico y fortaleciendo su economía en medio de las impunes agresiones constantes», agregó el Ministerio.
Europa Press