EEUU: Tribunal prohíbe a la Administración Trump imponer condiciones a las ciudades santuario

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MANHATTAN.-  Un tribunal federal de Nueva York decidió este viernes que la Administración del presidente Donald Trump,  no puede imponer condiciones a ciudades santuarios para otorgarles fondos en los programas de seguridad y justicia.

“Consistente con cada tribunal que ha considerado este asunto, la Corte concluye que los acusados no tenían la autoridad legal para imponer estas condiciones”, advirtió el juez.

La decisión bloquea las condiciones impuestas por el Departamento de Justicia en Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, Washington, Massachusetts y Virginia, tras una demanda impulsada en julio de 2017.

El fallo va en línea con otros similares de jueces en California y Chicago que se encargaron del caso en otras jurisdicciones.

De acuerdo con sus reclamos, los demandantes podrían haber llegado a perder en conjunto alrededor de 25 millones de dólares en fondos para seguridad.

La decisión del tribunal también obliga a la Justicia a volver a emitir documentos para la concesión de esas ayudas sin condiciones y le prohíbe imponerlas en el futuro.

El año pasado, el Departamento de Justicia comenzó a condicionar la concesión de fondos procedentes de un programa federal para cuestiones de seguridad y justicia a que las ciudades y estados cumpliesen con ciertos políticas migratorias del Gobierno federal.

Entre otras cosas, Washington demandaba ser informado del día y la hora en que serían liberados indocumentados en centros de detención y permitir a sus agentes el acceso a éstos.

“La decisión de hoy es una gran victoria para la seguridad pública de los neoyorquinos”, aseguró la fiscal general de Nueva York, Barbara Underwood, en un comunicado.

“Requiere que la Administración Trump distribuya los fondos vitales de seguridad pública, lo que ayuda a garantizar que nuestras agencias locales de cumplimiento de la ley puedan continuar determinando la mejor manera de mantener seguros a los neoyorquinos”, señaló.

El programa en cuestión fue creado en 2006 por el Congreso y permite a estados y localidades recibir fondos para sus programas de justicia criminal. (ECHA-Agencias)

 

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