WASHINGTON (EEUU).- El Gobierno del presidente Donald Trump podrá interferir activamente sobre el uso de la marihuana en aquellos estados que lo hayan legalizado después de que el Ejecutivo tumbara hoy una norma aprobada por el expresidente Barack Obama y que impedía esta actuación federal.
El fiscal general, Jeff Sessions, emitió hoy un memorándum en el que encomienda a los fiscales hacer cumplir la ley federal y seguir los principios establecidos para perseguir actividades relacionadas con la marihuana, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.
La decisión de Sessions permitirá a los fiscales del país hacer cumplir la legislación nacional por la que el uso de marihuana -recreativo o médico- es ilegal e imponerla sobre las normas adoptadas por los estados que hayan despenalizado su consumo.
Desde el 2013, cuando el Departamento de Justicia bajo el Gobierno de Obama aprobó su directriz, el ejecutivo federal había optado por una postura más laxa ante las regulaciones en esta materia a nivel estatal, optando por no imponer la norma federal salvo que estas legalizaciones estatales entraran en conflicto con otras leyes nacionales.
Un total de 29 estados han aprobado leyes que posibilitan el uso de esta droga con fines médicos, mientras que siete lo han hecho también para fines recreativos.
El último caso de legalización a nivel recreativo fue el de California, que desde el 1 de enero del 2018 abrió este mercado con proyecciones que apuntan a una facturación anual de al menos 7,000 millones de dólares.
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La iniciativa de Sessions contradice las declaraciones realizadas durante la campaña electoral del 2016 por el ahora presidente, Donald Trump, en las que afirmaba que la regulación de la marihuana debía ser decidida por los estados.
Por su parte, el senador republicano por Colorado, Cory Gardner, advirtió hoy a través de su perfil en Twitter de que seguirá «todos los pasos necesarios» para que Jeff Sessions no acabe con la norma aprobada bajo el Ejecutivo de Obama.
Gardner explicó que antes de que el Senado aprobara la nominación del fiscal general, este le había asegurado que no tumbaría la regla del 2013, razón por la que el legislador dijo estar dispuesto a bloquear las futuras nominaciones en el Departamento de Justicia.
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