Una iniciativa legal para impedir a las personas sentenciadas por los delitos de lavado de activos, terrorismo, corrupción y contra la administración pública, prestar servicios al Estado presentó el Poder Ejecutivo.
La propuesta remitida al Congreso, propone que los ciudadanos con condena consentida por los delitos de lavado de activos, apología al terrorismo, terrorismo, colusión, peculado y corrupción de funcionarios no trabajen en la administración pública.
El Ejecutivo plantea también la obligación de inscribir las condenas en el Registro de Sanciones para servidores civiles y de notificar las mismas por parte del Poder Judicial a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).
Igualmente, fija el deber de los deudores de reparación civil de informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos su domicilio real y actividad económica.
Esta información se debe incluir en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por delitos en agravio del Estado, establece el proyecto.
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El proyecto del Ejecutivo determina como requisito para acceder a un puesto en el Estado no tener sentencias condenatorias por los delitos descritos anteriormente ni sanción administrativa que acarree inhabilitación.
La propuesta legislativa busca modificar el artículo 100 del Código Penal para que la acción civil sea inextinguible.
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