NUEVA YORK.- La reforma del Consejo de Seguridad de la ONU es una de las eternas reivindicaciones de los países y regiones que se quedaron al margen del primer gran reparto de poder tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque existe un aparente consenso acerca de la necesidad de dicha reforma, persisten las dudas en cuanto a cómo se debe adaptar la institución y, sobre todo, a quiénes deben tener más voz y voto en este nuevo escenario.
El Consejo de Seguridad, creado en 1945, reflejaba la voluntad de los vencedores en la Segunda Guerra Mundial y concedía derecho de veto a Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Casi cuatro décadas después, el principal órgano ejecutivo de la ONU sólo ha vivido un mínimo lavado de cara, en 1965, cuando amplió de once al 15 el número de miembros con la incorporación de cuatro asientos no permanentes.
El funcionamiento sigue invariable desde entonces: los cinco miembros permanentes permanecen y los diez huecos restantes se renuevan por turnos, cada dos años, en función de un reparto territorial. De esta forma, regiones enteras como América Latina o África siguen sin disponer de palancas de presión en el Consejo, más allá de las que puedan obtener mediante sus alianzas con los países con veto.
La potestad para una hipotética reforma del Consejo de Seguridad recae en la Asamblea General de la ONU, el órgano en el que sí están representados los 193 Estados miembro de la organización y que suele dar cabida, en eventos como el debate general de septiembre, a las voces que piden cambios en la estructura de las organizaciones internacionales, tanto las políticas como las económicas.
Reformar el Consejo de Seguridad pasa por modificar la Carta fundacional de Naciones Unidas, que establece a su vez en el artículo 108 la necesidad de obtener el aval de al menos a dos terceras partes de los miembros de la Asamblea. Un umbral factible pero que implica que también se muestren a favor los cinco miembros permanentes del Consejo.
El derecho de veto ha servido en el caso de Rusia para bloquear resoluciones relativas a la ofensiva militar sobre Ucrania y en el de Estados Unidos para tumbar propuestas referentes a Israel, su principal aliado en Oriente Próximo. La inacción en algunos asuntos clave ha reavivado el debate y desgastado la imagen del Consejo de Seguridad.
En abril de 2022, en pleno clamor internacional contra Rusia por su invasión en Ucrania, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que abre la vía a convocar sesiones en caso de que alguna de las cinco potencias haga uso de su derecho de veto. Además, exige a estos países que justifiquen los motivos por los que recurren a un mecanismo teóricamente excepcional.
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SÍ, PERO CÓMO
Durante estos últimos años han surgido propuestas concretas sobre cómo encarar la reforma y uno de los puntos que más consenso genera es dar más voz a África. Los líderes africanos presentaron en 2005 el llamado ‘Consenso de Ezulwini’, que plantea otorgar dos sillas permanentes a África y otros cinco rotatorios –en lugar de los tres actuales–.
El ‘G4’, un grupo compuesto por Alemania, Japón, India y Brasil, propuso formalmente hace casi dos décadas la ampliación a 25 miembros, entre ellos dos nuevos escaños permanentes, mientras que Estados Unidos también ha planteado ampliar la representación africana, con dos sillas permanentes pero sin derecho de veto, y conceder a los Estados insulares una silla propia, rotatoria.
Rusia y China, por su parte, han rechazado de plano dar más voz a países occidentales, ya que consideran que están sobrerrepresentados, y sugieren tender la mano a potencias emergentes como Brasil, Sudáfrica o India, de quienes son socios en los BRICS.
El Grupo Unidos por el Consenso surgido en los noventa, del que forman parte España, Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Italia, Malta, México, Pakistán, Corea del Sur, San Marino y Turquía, aboga por la ampliación, pero llama a no seguir alimentando «privilegios desiguales», es decir, que no haya más países con capacidad para tumbar por sí solos las propuestas. Abogan por un órgano «más democrático, responsable, representativo, transparente y efectivo», lejos de «injusticias históricas» y donde haya «una representación ampliada y una mayor voz para regiones en desarrollo y países pequeños.
Europa Press