MADRID/España.- El gobierno español justifica la aplicación de la Constitución para restablecer la legalidad en Cataluña por la «desobediencia rebelde, sistemática y consciente» de las autoridades regionales independentistas a las leyes nacionales.
Este es el argumento que consta en la exposición de motivos de las medidas que el Consejo de Ministros decidirá hoy para asumir funciones que ejercen los gobernantes catalanes y restituir el orden constitucional en esa región española frente al desafío independentista.
El Ejecutivo central acordó aplicar el artículo 155 de la Constitución española después de que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, avisara el jueves pasado de que el Parlamento regional podría votar la independencia si no hay diálogo entre ambas partes.
Ese artículo establece que, si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que luego deberá autorizar el Senado por mayoría absoluta para su aplicación efectiva.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. EFE/Quique García
La reunión del Consejo de Ministros, presidido por el conservador Mariano Rajoy, comenzó poco antes de las 10:15 horas (08:15 GMT) para acordar las medidas, que el Senado aprobará el 27 de octubre.
Los objetivos son restaurar la legalidad constitucional y del Estatuto de Autonomía de Cataluña, garantizar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes.
Considera en este sentido que los gobernantes catalanes «han obviado» el interés general de los catalanes «en favor del ideario independentista de una parte de ellos».
Alerta de que una hipotética Cataluña independiente estaría fuera de la Unión Europea y sufriría un «empobrecimiento de entre el 25 y el 30 por ciento», situación que el Estado dice que debe evitar por el interés general, según argumenta el Ejecutivo.
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