PARÍS.- Tras lograr una moratoria en el alza de las tasas del carburante en Francia, los «chalecos amarillos» tienen un nuevo caballo de batalla en el impuesto sobre la fortuna (ISF), polémico desde su creación en los años 80 y suprimido en 2018 por el presidente francés, Emmanuel Macron.
El ISF lo pagaban aquellos con un patrimonio neto imponible superior a los 1,3 millones de euros.
Macron, que puso en su lugar un impuesto sobre la fortuna inmobiliaria (IFI), lo eliminó el pasado 1 de enero con el objetivo de aumentar el atractivo del país para los inversores y evitar que las grandes fortunas se establecieran en el extranjero.
«El antiguo banquero de Rothschild reforzó así las críticas iniciales de ser el ‘presidente de los ricos'», resume hoy el semanario Le Nouvel Observateur, que en la mayor crisis social registrada en su mandato ve en esa supresión su «pecado original».
El ISF tuvo su origen en el impuesto sobre las grandes fortunas lanzado por el presidente socialista François Mitterrand en 1982, que afectaba a aquellos cuyos bienes en Francia superaran los tres millones de los antiguos francos.
Aunque en 1986 el entonces primer ministro conservador, Jacques Chirac, lo abolió durante el primer periodo de cohabitación, tras la reelección de Mitterrand, en 1988 el nuevo gobierno socialista lo restableció con el nombre de impuesto de solidaridad sobre la fortuna (ISF).
El término de solidaridad no era anecdótico. Esa tasa buscaba contribuir a financiar la renta mínima de inserción. Por aquel entonces el valor total de los bienes debía ser superior a los cuatro millones de francos.
En 2011 el presidente conservador Nicolas Sarkozy elevó el mínimo de imposición de 800.000 euros a 1,3 millones, lo que redujo el número de contribuyentes afectados.
Su sucesor, el socialista François Hollande, introdujo exenciones pero a cambio decidió elevar en 2013 hasta un 75 % el tipo impositivo a quienes ganaran más de un millón anual.
El Consejo Constitucional, máximo órgano jurídico francés, le obligó a rectificar porque no respetaba la igualdad fiscal de los ciudadanos, y en su lugar le autorizó a que ese gravamen, previsto de forma excepcional durante dos años, recayera sólo sobre las empresas con empleados que sobrepasaran esos ingresos.
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La supresión del impuesto decretada por Macron entró en vigor en enero, y el IFI que lo sustituyó grava a todos los particulares para los que el valor neto de su patrimonio inmobiliario, exclusivamente, pase de 1,3 millones de euros.
La vigencia de esa decisión, al calor de las protestas de los «chalecos amarillos», ha quedado en entredicho.
La secretaria de Estado de la Igualdad entre Hombres y Mujeres, Marlène Schiappa, indicó hoy que el Ejecutivo examinará esa reforma y destacó que si se demuestra que no ha servido lo suficiente para que su recaudación se inyecte en la economía, propondrá restablecer el ISF.
El análisis, según el portavoz del gobierno, no está previsto para antes del otoño de 2019, pero ese cambio de rumbo supone un nuevo éxito para las reivindicaciones de los contestatarios, que este sábado han convocado una nueva manifestación nacional.
EFE/Foto: france24.com