MADRID.- El diario español El País advierte que la decisión del Fiscal Pedro Chavarry, de retirar a Rafael Vela y José Domingo Pérez quienes indagaban a cuatro expresidentes y a la líder opositora Keiko Fujimori, pone en peligro las investigaciones del caso Odebrecht.
Asimismo cuestiona a Chavarry por su anuncio de que hará público el acuerdo de colaboración eficaz con la constructora brasileña Odebrecht, un documento que debía permanecer en reserva hasta que fuera firmado por los ejecutivos brasileños a mediados de enero en Brasil.
A continuación reproducimos textualmente el contundentes informe de El País.
A pocas horas de Año Nuevo, el fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, investigado por ser parte de la red de corrupción del sistema de justicia, ha puesto en peligro las investigaciones de la corrupción de Odebrecht en Perú, al remover a los dos principales miembros del equipo especial Lava Jato, el fiscal coordinador Rafael Vela, y el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez, reconocido como el hombre del año en Perú por sus investigaciones a la excandidata presidencial Keiko Fujimori y al expresidente Alan García.
Chávarry además ha anunciado que hará público el acuerdo de colaboración eficaz con la constructora brasileña Odebrecht, un documento que debía permanecer en reserva hasta que fuera firmado por los ejecutivos brasileños a mediados de enero en Brasil y, posteriormente, homologado por un juez en Perú.
Por dicho convenio, la constructora acepta entregar al Ministerio Público peruano las pruebas de todos los casos que investiga, y que implican a los principales políticos del país sudamericano, entre ellos cuatro expresidentes, la ex alcaldesa de Lima y la lideresa de la oposición.
En agosto, un informe de la fiscal Sandra Castro que investiga la trama de corrupción Cuellos Blancos del Puerto, indicó que el jefe del Ministerio Público es parte de dicha red. Desde entonces, congresistas y el procurador anticorrupción han presentado cuatro acusaciones por infracción constitucional contra Chávarry.
Obstrucción de la bancada fujimorista
Pese a que han transcurrido cinco meses, la bancada fujimorista en el Congreso ha impedido que dichas denuncias sean debatidas en la subcomisión de acusaciones constitucionales. En una conversación de Keiko Fujimori con el comité político de su partido, mediante el sistema de mensajería Telegram, la congresista Rosa Bartra indicaba que la permanencia del jefe del Ministerio Público era “un asunto de sobrevivencia”.
Además, el 21 de diciembre el fiscal Pérez pidió al Ministerio Público una investigación a Chávarry por encubrimiento a favor de la lideresa del fujimorismo en el caso Cocteles, es decir, la pesquisa de lavado de activos por los 1.200.000 dólares que recibió la campaña electoral de Keiko Fujimori en 2011, procedentes de la contabilidad paralela de Odebrecht.
El magistrado alertó de que el jefe del Ministerio Público buscaba “sustraer de la persecución penal a Keiko Fujimori y evitar que las pruebas sean recabadas”. Cuatro días después de dicho alerta, fue retirado de su función.
“Se ha podido verificar que el fiscal José Domingo Pérez procedió a cuestionar mi elección, conducta que ha sido reiterativa, ha atentado contra el principio de la jerarquía funcional, y ha desobedecido en guardar la reserva de la investigación”, dijo Chávarry como argumento para remover al magistrado Pérez y al coordinador del equipo especial, Rafael Vela.
“Lo que ha hecho Chávarry es devolverle el favor a quienes estaban blindándolo todos estos meses. Lo hace por orden de Alan García y Keiko Fujimori porque por fin empiezan a avanzar las investigaciones en su contra. El acuerdo obliga a Odebrecht a decir toda la verdad, esto ha precipitado esta indignante decisión que los peruanos vamos a repudiar en las calles”, comentó a la radioemisora RPP Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú y excandidata presidencial de la izquierda en 2016.
Acuerdo pendiente en Brasil
Hace un par de semanas, el fiscal provincial Vela anunció que a mediados de enero viajaría con dos miembros del equipo especial Lava Jato de Perú a Brasil para interrogar a 24 exejecutivos de Odebrecht sobre 34 de las más de 40 pesquisas que tienen a cargo. El acuerdo pendiente de firma en Brasil, además, garantiza las pruebas obtenidas desde 2017 por las autoridades peruanas.
Tras el anuncio del fiscal general, ciudadanos realizan un plantón en la plaza San Martín del centro histórico de la ciudad de Lima y han anunciado más movilizaciones en los próximos días, para exigir la renuncia de Chávarry.
En ausencia del presidente Martín Vizcarra, quien viajó a la toma de posesión del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la vicepresidenta Mercedes Aráoz ha pedido al Congreso “tomar una acción inmediata” acerca de las denuncias por infracción constitucional contra el jefe del Ministerio Público, para que pueda ser investigado por su relación con la trama de corrupción Cuellos Blancos.
Poco después, el jefe de Estado, vía Twitter, rechazó la decisión del fiscal de la nación y anunció que adelantará su regreso a Perú por este motivo. “Expreso mi enérgico rechazo ante la remoción de los fiscales a cargo de los más importantes casos de investigación sobre corrupción. La lucha frontal contra la corrupción y la impunidad es una política prioritaria de Gobierno, una necesidad impostergable y una causa ciudadana”, afirmó Vizcarra.
Tal como ocurrió la Nochebuena de 2017, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció el indulto humanitario del autócrata Alberto Fujimori -a cambio de no ser destituido por el Congreso- la decisión de Chávarry, en la misma fecha, se asemeja por el anuncio de última hora en la sombra, y porque la indignación se vuelca en las calles. (ECHA- Agencias)