MADRID.- El diario El País cuestiona la actuación del Fiscal General, Pedro Chávarry , “porque tiene la protección de la mayoría fujimorista en el Congreso, que impide cualquier impugnación” y presiona contra el equipo de investigación del caso Lava Jato.
En ese sentido menciona que el equipo especial tiene a su cargo 40 piezas relacionadas con la corrupción de Odebrecht que alcanzan, entre otros líderes políticos, a expresidentes como el líder aprista Alan García y la líder de la oposición, Keiko Fujimori.
A continuación reproducimos textualmente párrafos de este informe esclarecedor:
“ No obstante, mientras esos investigadores esperan la llegada de pruebas desde Brasil, prevista para enero, ha aumentado el asedio del fiscal general, Pedro Chávarry, contra los dos fiscales más expuestos del equipo. Se trata de Rafael Vela y de José Domingo Pérez.
Chávarry asumió el cargo en julio y tiene la protección de la mayoría fujimorista en el Congreso, que impide que lo investiguen por su vínculo con la red de corrupción en el sistema de justicia, llamada los Cuellos Blancos del Puerto.
El fiscal general tiene como asesor a un servidor público recomendado por la bancada fujimorista de Fuerza Popular y cuenta como colaboradora a una ex fiscal general cercana al Partido Aprista. El fiscal superior Vela es el coordinador del llamado Equipo Especial Lava Jato y Pérez es el fiscal provincial que, a finales de octubre, pidió la prisión preventiva de la líder del fujimorismo para que no obstruya las pesquisas en su contra por lavado de activos.
Fujimori es investigada por el financiamiento de su campaña electoral de 2011, cuando presuntamente recibió 1.2 millones de dólares de la constructora brasileña.
Desde el 31 de octubre, la hija mayor del autócrata Alberto Fujimori está arrestada y un tribunal decidirá la apelación de esa medida antes de Navidad.
La noche del jueves 7 de diciembre, fiscales de ese equipo, la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato y el superintendente de Odebrecht en Perú firmaron un acuerdo de colaboración que obliga a los exejecutivos de la empresa a declarar y a entregar más pruebas para las más de 40 investigaciones de sobornos y fondos de campaña entregados ilegalmente por la firma brasileña en Perú.
Los fiscales lograrán una gran remesa de material probatorio a mediados de enero, cuando viajen a Brasil a interrogar a más de 20 directivos de Odebrecht. Por medio del acuerdo, la constructora garantiza la validez de las pruebas entregadas a la Fiscalía desde 2017 sobre estos casos. Adicionalmente, el gigante brasileño se ha comprometido a proteger por 20 años el archivo de documentos de su operación en Perú.
Tras conocerse que la constructora pagará 181 millones a Perú por reparación civil y acepta que cometió delitos en cuatro concesiones -una de ellas la obra de Línea 1 del Metro de Lima gestionada durante el segundo Gobierno de García- la hostilidad del fiscal general ha arreciado contra los miembros más visibles del equipo de Lava Jato.
Las interferencias consisten en procesos disciplinarios internos, constantes pedidos de información, absolución de criticas por escrito, despido de personal, y la no asignación de oficinas.
En julio estallaron las revelaciones sobre la red de corrupción en el sistema de justicia, mediante audios -de escuchas telefónicas legales- de jueces, fiscales, empresarios y políticos. Algunas eran conversaciones del actual fiscal general con magistrados corruptos, como el destituido juez supremo César Hinostroza, cuya extradición de España está pendiente.
Poco después, ante una pregunta en un programa de televisión, el fiscal provincial Pérez comentó que Chávarry no era “idóneo” para el cargo, y entonces empezaron las investigaciones en su contra por “infracción administrativa”, promovidas por el fiscal general y alentadas por el fujimorismo. En tres meses, le han abierto 14 procesos disciplinarios. (ECHA)