MADRID.- El diario español El País señala que la investigación de un caso de lavado de activos en Perú que afecta directamente a Keiko Fujimori, la presidenta del partido opositor Fuerza Popular e hija del autócrata Alberto Fujimori, está destrozando su imagen pública y su organización política.
A continuación adjuntamos textualmente este informe que nos brinda mayores elementos de juicio de uno los más grandes de corrupción:
Cuatro horas después de que el fiscal José Domingo Pérez indicara que el dirigente y empresario fujimorista José Chlimper entregó —en la campaña 2011— 210.000 dólares en efectivo al directivo de una radio a cuenta de una deuda por publicidad, Fujimori anunció que aceptaba la renuncia de su colaborador al cargo de secretario general de su partido.
Pérez investiga desde agosto de 2017 a Fujimori por aportes no declarados y tiene pruebas de que en 2011 la constructora brasileña Odebrecht —clave de bóveda en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de América Latina— entregó a la campaña fujimorista por lo menos un millón de dólares de la contabilidad paralela de la empresa, producto de operaciones corruptas que —afirma el fiscal provincial— la entonces candidata conocía.
El fiscal consiguió que Fujimori y otros colaboradores pasaran siete días en prisión preliminar hace un par de semanas. Ahora, el Ministerio Público pide a un juez dictar prisión preventiva por 36 meses para ella y otras once personas, entre ellas, dos asesores políticos y un consejero legal ligado a Vladimiro Montesinos, el exjefe de facto de las fuerzas armadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori, padre de la cabeza de la oposición.
El miércoles, Pérez sustentó la solicitud de detención preventiva -por casi seis horas- en testimonios recogidos en Brasil y en Perú y en abundante documentación. El fiscal sostiene que Fujimori y otras once personas usaron la estructura y la organización del partido Fuerza 2011 —hoy Fuerza Popular— para el blanqueo de capitales.
Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya
El fiscal aseguró que Fujimori dispuso que Jaime Yoshiyama (exjefe de campaña y exministro en la etapa de su padre) y Augusto Bedoya “solicitaran activos ilícitos a Odebrecht, quienes conjuntamente recibieron un millón de dólares cuyo origen ilícito tenían conocimiento”, pues se trataba de una empresa que recurría a ello desde Gobiernos anteriores.
La tarde del jueves, un alto funcionario nombrado durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, el superintendente nacional de Aduanas y Administración Tributaria, Víctor Shiguiyama, presentó su renuncia al ministro de Economía, seis días después de que un reportaje revelara que también está investigado por las presuntas aportaciones falsas a la campaña de la candidata fujimorista en 2011.
El semanario Hildebrandt en sus Trece reveló el viernes pasado que, según las pesquisas del fiscal Pérez, Shiguiyama depositó 20.000 dólares en la cuenta bancaria de Fuerza 2011 para la campaña electoral, supuestamente procedentes de las actividades de recaudación.
Su designación en el Gobierno de Kuczynski -quien disputó la segunda vuelta con Keiko Fujimori- fue cuestionada en 2016 por su trayectoria como fujimorista, al igual que la de Chlimper como director del Banco Central de Reserva. En 1995, Shiguiyama fue electo regidor por la Municipalidad de Lima en la lista del exministro fujimorista Jaime Yoshiyama, trabajó como director y gerente de una ONG llamada Oportunidades, de su amiga Keiko Fujimori, y también se desempeñó como consejero de la campaña presidencial de 2011.
En la presentación de los elementos probatorios, el fiscal precisó que una de las pruebas de uso de dinero en efectivo es el testimonio de un alto directivo de Radioprogramas, quien reportó que en mayo de 2011 el partido fujimorista tenía una deuda con la radio por encargos en publicidad y, cuando dejaron de emitir sus anuncios, Chlimper lo buscó para que reanuden la difusión y le entregó 210.000 dólares en efectivo.
Chlimper, quien integró la fórmula de Keiko Fujimori como candidato a la vicepresidencia, asumió como secretario general de Fuerza Popular en mayo de 2016 en reemplazo de Joaquín Ramírez, después de que un reportaje revelara que era investigado por la DEA, la dirección antinarcóticos de los Estados Unidos.
86% la desaprueba
Este jueves, una encuesta de Datum Internacional dio cuenta de que la aprobación a la líder fujimorista continúa a la baja: un 86% la desaprueba, mientras que un 81% de los sondeados cree que el acercamiento que tuvo con su hermano menor Kenji Fujimori -quien la visitó cuando estuvo detenida- es “una estrategia política”.
El lunes último, Daniel Salaverry, presidente del Congreso y miembro de Fuerza Popular, pidió licencia en su partido, después de las primeras revelaciones del chat de la aplicación de mensajería Telegram del comité político fujimorista, llamado La Botica.
El miércoles, el fiscal Pérez leyó otras conversaciones de Telegram, proporcionadas por un congresista de Fuerza Popular, que colaboró en 2011 en buscar a falsos donantes de campaña, y que se convirtió en testigo protegido de la pesquisa, después de que su esposa recibiera una orden de detención preliminar. De todas los mensajes, uno de los más importantes gira en torno al fiscal general, Pedro Chávarry, involucrado en la red de corrupción del sistema de justicia, a quien el fujimorismo ha protegido en sucesivas votaciones en el Congreso.
La presidenta de la Comisión parlamentaria de Constitución, Rosa Bartra, dijo en el grupo de Telegram a finales de agosto que la permanencia de Chávarry frente al Ministerio Público “es un asunto de supervivencia”. Ello explica que las acusaciones constitucionales contra el alto funcionario sigan encarpetadas, sin fecha de debate en el Parlamento. (ECHA- Agencias)