LIMA.- El empresario israelí Yosef Maiman, presunto testaferro del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), se comprometió a devolver al Estado peruano 11.6 millones de dólares por los sobornos que dos constructoras brasileñas pagaron a Toledo y que él supuestamente ayudó a ocultar en paraísos fiscales.
Así lo aseguran este sábado medios peruanos en función del acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) que Maiman firmó el viernes en Tel Aviv con los fiscales a cargo del caso, un pacto para que colabore con las investigaciones y aporte valiosa información a cambio de beneficios en una eventual condena.
Adicionalmente Maiman se ha comprometido a pagar una indemnización al Estado peruano de 1.2 millones de dólares, según publicó este sábado el diario La República.
Sin embargo, el israelí ha reconocido ante los fiscales que los sobornos que supuestamente ayudó a ocultar en favor de Toledo ascienden a más de 21 millones de dólares, de ellos más de diecisiete correspondientes a Odebrecht y más de cuatro procedentes de Camargo y Correa, según IDL-Reporteros.
Estos pagos ilícitos corresponden aparentemente a las adjudicaciones de los tramos 2, 3 y 4 de la carretera interoceánica del sur, una de las obras más emblemáticas del mandato de Toledo, que atraviesa el territorio peruano para unir la costa sur de Perú con Bolivia y Brasil.
El abogado de Maiman en Perú, Julio Mazuelos, afirmó a El Comercio que el acuerdo no solo implica las investigaciones por los sobornos de Odebrecht y Camargo y Correa, sino también el caso de Ecoteva, la empresa fundada en 2012 en Costa Rica por la suegra de Toledo, Eva Fernenbug.
A las cuentas de Ecoteva en Costa Rica es donde Maiman transfirió presuntamente los sobornos que él había desviado a nombre de sus empresas en paraísos fiscales, y con ellos Toledo adquirió posteriormente millonarias propiedades inmobiliarias en Lima y en las playas del norte de Perú.
«El compromiso es amplio con la justicia peruana. Maiman responderá las veces que sea requerido en el proceso que solicite el Ministerio Público», dijo Mazuelos.
Toledo está imputado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias y desde febrero de 2017 tiene una orden captura internacional y un mandato de 18 meses de prisión preventiva.
Sin embargo, durante todo este tiempo ha permanecido en libertad en Estados Unidos, su lugar habitual de residencia, sin que todavía la justicia de ese país resuelva la solicitud de extradición presentada por las autoridades peruanas.
Solo una noche estuvo en la cárcel, cuando hace dos semanas fue detenido por estar ebrio en un restaurante de San Francisco.
Toledo es uno de los cuatro expresidentes investigados en Perú por el caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica, ya que la empresa reconoció haber pagado sobornos en al menos una docena de países y también donaciones irregulares para financiar las campañas electorales de políticos de primera línea.
Además de Toledo, también están imputados los expresidentes Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), así como la líder del opositor partido Fuerza Popular Keiko Fujimori, la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y el exgobernador regional del Callao Félix Moreno.
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