SAN SALVADOR.- Los altos mandos de la fuerza armada durante la guerra civil fueron sentados en el banquillo de los acusados para que respondan por la masacre de El Mozote en 1981, que dejó un millar de víctimas.
Trece exmilitares, incluidos el entonces ministro de Defensa y el antiguo jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, comparecieron ante un juez del departamento de Morazán, a más de 150 kilómetros al sureste de la capital salvadoreña, informó Wilfredo Medrado, abogado de la asociación civil que logró hace poco que la justicia reabriera el caso.
El juez había citado a 18 militares, pero no todos acudieron, dijo el abogado.
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La oficina de comunicaciones de los tribunales de justicia informó que los implicados serán procesados por nueve delitos: asesinato, violación agravada, privación de libertad agravada, violación de morada, robo, daños agravados, estragos especiales, actos de terrorismo y actos propositivos.
Entre los militares que se presentaron a declarar están el exministro de Defensa y Seguridad Pública, general José Guillermo García, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Rafael Flores Lima.
El excomandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña, General Juan Rafael Bustillo, no se presentó a la audiencia y será citado nuevamente.
La masacre se registró entre el 11 y 13 de diciembre de 1981 en El Mozote, a unos 120 kilómetros al este de la capital salvadoreña, durante una operación del ahora extinto batallón Atlacatl, entrenado en tácticas de contrainsurgencia en Estados Unidos.
Los soldados entraron a la zona en busca de las unidades de la guerrilla, pero algunos de ellos mataron a civiles.
Muchos de los cuerpos de las víctimas fueron tirados en el interior de una iglesia y luego les prendieron fuego.
En una de las fosas, los forenses encontraron 136 esqueletos de niñas y niños, con un promedio de edad de seis años.
El juez Jorge Guzmán Urquilla reabrió la investigación de la matanza a petición de organizaciones como la asociación «Tutela Legal ‘Dra. María Julia Hernández»’, luego de que la Corte Suprema del país derogara la Ley de Amnistía General de 1993 que impidió que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra fueran investigados.
Las organizaciones defensores de los derechos humanos que promueven el juicio y la Fiscalía General de la República, han solicitado información sin éxito al ministerio de la Defensa Nacional sobre lo ocurrido.
El ministro de la Defensa Nacional, general David Munguía Payés, dijo que está pendiente del juicio y que no tienen información de la época. «No tenemos archivos porque muchos se perdieron durante el periodo de la guerra, otros fueron destruidos», dijo a periodistas el jefe militar. (ECHA – Agencias)
