SAN LUIS/Estados Unidos.- El doctor David Eisenberg tiene cita este jueves con unas 50 pacientes que quieren interrumpir su embarazo en San Luis. Pero, por primera vez desde que Estados Unidos legalizó esa práctica en 1973, no podrá garantizarles el acceso a un aborto legal y seguro en Misuri, en pleno corazón del país.
Eisenberg dirige la única clínica que aún practica abortos en Misuri, un búnker de ladrillo blanco con ventanas tapiadas y un detector de metales en la entrada al que cada mes viajan decenas de mujeres de un estado tan grande como todo Uruguay.
Si no lo impide una orden judicial, Misuri se convertirá este fin de semana en el primer estado de Estados Unidos sin acceso al aborto legal, ante la negativa de las autoridades a renovar una licencia que caduca este viernes.
«Tengo que explicar a mis pacientes que no sabemos si vamos a poder efectuar su aborto la semana que viene», lamentó Eisenberg en una entrevista con Efe en la clínica de servicios de salud reproductiva de Planned Parenthood, en la ciudad de San Luis.
El director del centro describe el aborto como «un servicio de salud básico», un discurso casi incendiario en un estado que lleva años erosionando el acceso a ese procedimiento y cuyo gobernador, el republicano Mike Parson, acaba de firmar una ley para prohibirlo en casi todos los casos, incluida la violación y el incesto.
«El estado de Misuri está liderando la ofensiva (conservadora en EEUU) para que las mujeres dejen de ser miembros igualitarios de la sociedad, para controlar sus cuerpos y su reproducción», opinó Eisenberg.
Abortar en Misuri es una odisea salpicada de estrictos requisitos legales tanto para las pacientes como para las clínicas, que han ido cerrando sus puertas en las últimas dos décadas ante la imposibilidad de demostrar, por ejemplo, que sus médicos tenían lazos con hospitales locales, inexistentes en las áreas rurales.
Ahora, el estado investiga presuntas «prácticas deficientes» en el que desde el 2015 es el último bastión del aborto, y se niega a renovar su licencia mientras no entreviste a todo el personal médico, algo que algunos rechazan porque podría exponerles a cargos criminales.
«El estado no está interesado en si los cuidados que proporcionamos son legales y seguros, y la ley que acaba de firmar el gobernador lo demuestra. Lo que les interesa es regular los cuerpos de las mujeres», subrayó Eisenberg, que sí se ha sometido a una entrevista pero no quiere dar detalles del tema.
En la verja de entrada a la clínica, una joven de ojos azules y chaleco anaranjado ejecuta con precisión su técnica diaria: acercarse con gesto amable pero firme a los automóviles que ingresan en el aparcamiento para que se detengan y, si lo consigue, intentar convencer a la ocupante de que prosiga con su embarazo.
«Mucha gente cree, cuando llega, que esos voluntarios trabajan con (la clínica de) Planned Parenthood, pero no tienen nada que ver. Y les intimidan», explicó Carl Gudiswitz a Efe.
A sus 79 años, Gudiswitz mantiene cada miércoles un pulso pacífico con los activistas contrarios al aborto: vestido con un chaleco multicolor en el que puede leerse «escolta de la clínica», se coloca en la entrada del centro y mueve los brazos para indicar a las pacientes que es él, y no ellos, quien les ayudará a entrar.
«Nadie debería gritar o juzgar (a las mujeres) por solicitar servicios básicos de salud», opinó Eisenberg sobre los manifestantes.
«También me juzgan a mí, y eso me afecta cada día. Les oigo gritarme cosas horribles, y sabía que iba a experimentar eso en este trabajo, porque fui escolta voluntario de una clínica cuando estudiaba en la Universidad de Alabama. Pero los pacientes que llegan no lo esperan, y eso me indigna», añadió.
Las manifestantes de chalecos anaranjados no quieren hablar con Efe. Pero en la esquina de la clínica, Reagan Barklage mira a la cámara de su celular y grita con entusiasmo «¡El aborto debe acabar!».
«Estoy muy emocionada», declara a Efe la joven de 27 años, directora regional de la organización Estudiantes por la Vida, que la semana que viene se manifestará ante la clínica para «celebrar» su probable pérdida de licencia para abortar.
«Todas las vidas son valiosas, sin importar cómo se concibieron», recalca Barklage, que se opone al aborto incluso en casos de violación o incesto pero se atasca al intentar justificarlo.
Mientras ella sueña con el día en que la ola de leyes aprobadas en varios estados lleven al Supremo a revisar la legalización del aborto en EEUU, Eisenberg solo puede pensar en la «atroz» perspectiva de que, a partir del sábado, las mujeres de Misuri tengan que cruzar la frontera para interrumpir su embarazo.
«Las que más van a sufrir son las que no tienen medios, las más vulnerables», advirtió.
EFE/Foto: elcomercio.com
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