La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisará la información y antecedentes de los candidatos al Congreso en las próximas elecciones del 10 de abril, informó su superintendente adjunto, Sergio Espinosa.
Detalló que esa labor forma parte de un convenio con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para recopilar datos referidos a la existencia de deudas crediticias y alimentarias y morosidad, así como denuncias o procesos pendientes en la Fiscalía.
«El jueves culminaron las inscripciones de listas de candidatos al Congreso, seguramente nos enviarán las listas poco a poco. Son 130 candidatos por 17 partidos. Nuestra actitud es de colaborar con los organismos electorales, lo más ampliamente posible», declaró a la Agencia Andina.
No obstante, Espinosa remarcó que la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene la facultad de acceder a los movimientos y operaciones bancarias de los candidatos, porque hasta el momento el Congreso no aprueba el proyecto que le otorga esa prerrogativa para casos de presunto lavado de activos.
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— Crónica Viva (@cronica_viva) February 9, 2016
«Propiamente no voy a poder investigar ni a los candidatos y financistas (de campañas) porque para eso debería tener acceso a la información financiera. Se requiere romper los candados y aprobar la ley que tiene la finalidad de facilitar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria (…)», aseveró.
Asimismo, confirmó que la ONPE envió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la lista de personas que han aportado más de S/ 5 000 a los partidos políticos que participan en las Elecciones Generales 2016.
«Vamos analizar esto, pero hay que tener en cuenta que nuestra capacidad de respuesta va a estar limitada por barreras legales, pero si encontramos un caso lo elevamos a la Fiscalía», anotó.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera explicó que en la actualidad, para investigar a un candidato, se necesita que se haya elevado un reporte de operación sospechosa por algún ente con obligación a hacerlo (como los bancos, notarias o casas de cambio).
Agregó que solo en el caso de que se encuentren reportes de operaciones sospechosas o algún proceso a cargo de la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera puede alertar a los organismos electorales, pero no directamente porque la ley establece que solo se puede compartir información con el Ministerio Público.
ANDINA