MADRID.- El Gobierno de Mariano Rajoy tardó apenas unos minutos en reaccionar a la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, Alemania, de dejar en libertad bajo fianza de 75.000 euros a Carles Puigdemont y descartar entregarle por el delito de rebelión.
En ese sentido el Ejecutivo ibérico se muestra «convencido» de que la Justicia española «adoptará las medidas más adecuadas ante esta nueva circunstancia para velar por el cumplimiento de las leyes en nuestro país».
Con esta advertencia, las fuentes gubernamentales parecen apuntar a la posibilidad de que el juez del Tribunal Supremo, Pablo LLarena, retire de nuevo la euroorden cursada contra el ex presidente catalán a fin de evitar que éste sea entregado a España únicamente por el delito de malversación.
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El Gobierno asegura «desconocer los términos exactos» en que se ha pronunciado el tribunal alemán y, en consecuencia, rechaza hacer valoraciones detalladas.
A todo ello se recuerda que el Ejecutivo tiene por costumbre no opinar nunca sobre decisiones judiciales y mantener siempre un estricto respeto a las mismas.
Esta actitud, advierten las fuentes de Moncloa, se extrema especialmente «cuando se trata de decisiones de un tribunal de otro país». (ECHA- Agencias)