MADRID España).- El Estado español ha recurrido la indemnización de 182,000 euros a la que fue obligado judicialmente por la muerte del camarógrafo de televisión José Couso cuando trabajaba en la guerra de Irak en el 2003.
La Abogacía del Estado ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso de casación contra la decisión de la Audiencia Nacional (AN), que fijó esa indemnización para la familia del reportero, informaron este martes a Efe fuentes jurídicas.
La AN reconoció la indemnización por la omisión de protección diplomática en relación con su fallecimiento durante la toma de Bagdad por las tropas estadounidenses.
José Couso murió por los disparos de un carro de combate norteamericano contra el hotel donde se encontraba cuando había sido enviado a Irak para cubrir el conflicto bélico.
Según la Audiencia, la esposa del fallecido debe ser indemnizada con 100,000 euros y sus dos hijos, menores de edad cuando murió el padre, con 41,000 euros cada uno.
El tribunal argumentó que el Estado español debe abonar estas cantidades por no haber desplegado su actividad diplomática en favor de los perjudicados a raíz de la muerte de Couso durante el ejercicio de su profesión, sujeta también a protección diplomática.
Preguntada por este asunto en rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo español, la socialista María Jesús Montero, insistió hoy en que «evidentemente este Gobierno y las formaciones políticas que lo conforman siempre han mostrado su solidaridad y apoyo a la familia de Couso, muerto en zona de conflicto».
Montero reconoció que desconocía los detalles del recurso de la Abogacía del Estado, pero se mostró convencida de que «tendrá que ver con cuestiones técnicas y no políticas ni de solidaridad ni complicidad con la familia».
La Abogacía «habrá apreciado detalles técnicos, pero no tenemos el escrito» (del recurso), reconoció.
El Tribunal Constitucional confirmó en junio del 2019 el archivo de la investigación judicial española por la muerte del reportero, en la estaban procesados tres militares estadounidenses por supuesto delito contra la comunidad internacional.
Una reforma legislativa había restringido los supuestos en los que los tribunales españoles pueden perseguir delitos de justicia universal, lo que supuso el archivo de este caso, entre otros que investigaban jueces españoles.
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