MADRID.- La Fiscalía Suprema demandó 25 años de prisión este viernes para el exvicepresidente regional catalán, Oriol Junqueras, al que acusa como líder de la rebelión secesionista, así como duras condenas para otros líderes independentistas.
El Ministerio Público presentó sus escritos de acusación en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional donde considera que la actuación de los antiguos dirigentes independentistas supone un delito de rebelión, uno de los más graves del Código Penal.
La condena solicitada para Junqueras por rebelión agravada (al absorber el delito de malversación) es la mayor de todas por su condición de dirigente-
La Fiscalía solicita 17 años de cárcel para Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, también por un delito de rebelión agravada, y deja en 16 años de prisión su acusación contra los antiguos consejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa.
A estos cinco no les considera promotores o jefes principales del delito, de ahí ese año menos.
En el escrito, la Fiscalía, representada en la causa por cuatro veteranos fiscales, no ha cedido y ha corroborado lo que ha defendido durante toda la instrucción: que los líderes del «procés» asumieron los brotes de violencia como un medio para empujar ilegalmente a la independencia de Cataluña.
El Ministerio Público invoca como ejemplos el acoso a la Guardia Civil que tuvo lugar en la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 y los sucesos del referéndum independentista ilegal del 1 de octubre del 2017.
El Ministerio Público describe una estrategia delictiva que pivotó sobre tres vértices: el poder parlamentario, encabezado por la antigua presidenta de la Mesa del Parlament Carme Forcadell; el Ejecutivo, con los antiguos gobernantes catalanes liderados por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras; y las movilizaciones callejeras, lanzadas y controladas por los Jordis, como dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural.
Señala que desde los tres frentes, los líderes del «procés» alentaron una insurrección, para tratar de doblegar al Estado y lograr la independencia catalana. Para lograrlo, y al asumir la violencia como un medio necesario, los responsables del plan ilegal se valieron «de la fuerza intimidatoria» que representaban tanto las movilizaciones callejeras como la disposición de los Mossos, plegados a los designios políticos. (ECHA- Agencias)