MADRID.- El Representante Especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, se reunió en Madrid con altos cargos de la administración española, que le trasladaron una vez más el rechazo de España a la vía militar para solucionar el conflicto político que vive el país.
«España ha transmitido que la crisis que afecta a Venezuela requiere una solución política, pacífica y democrática que excluya categóricamente el uso de la fuerza y ha informado de los resultados de la última reunión del Grupo Internacional de Contacto», informó el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de un comunicado.
En concreto, durante su visita a Madrid de este 10 de abril, Abrams se reunió con el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, y con el Secretario General de Asuntos Internacionales de la Presidencia del Gobierno, José Manuel Albares.
«Durante esos encuentros, ambas partes han constatado su preocupación por el deterioro de la situación en Venezuela y la urgencia de hacerle frente, así como la necesidad de una salida democrática a la gravísima crisis que sufre el país», señala el comunicado emitido por la cancillería.
Además, la administración española aprovechó la ocasión para reiterar su preocupación ante la posible activación total del Título III de la Ley Helms-Burton respecto a Cuba.
El Título III de la Ley Helms, aprobada en 1996, permite a ciudadanos estadounidenses y a cubanos naturalizados en EEUU demandar judicialmente a la isla por las propiedades nacionalizadas en la década de 1960.
Dicho apartado permaneció suspendido de manera ininterrumpida desde la entrada en vigor de la ley, por períodos renovables de seis meses, como parte del entendimiento alcanzado entre la Unión Europea y los Estados Unidos en 1998.
Sin embargo, el pasado día 17 de enero, el gobierno de los Estados Unidos decidió suspender el Título III por apenas 45 días para, el 4 de marzo, renovar dicha suspensión por un período de 30 días, lo que abre la puerta a su aplicación.
En opinión de España, su activación supondría una «aplicación extraterritorial de leyes nacionales sancionadoras» y por tanto sería «contraria al derecho internacional».
Fuente: sputniknews.com/Foto: infobae.com