Los establecimientos de salud públicos y privados están obligados a informar a las familias sobre el estado de salud de sus pacientes, sean o no afectados por el COVID-19, informó la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Salud (Minsa).
Toda persona o su representante, entiéndase familiares, tienen derecho a la información sobre su enfermedad, según mencionó el Superintendente Nacional de Salud, doctor Carlos Acosta, de acuerdo con el Decreto Supremo 027-2015-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley 29414, ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.
«Este derecho no se restringe por la declaración del estado de emergencia sanitaria nacional frente al COVID-19«, expresó.
En ese sentido, agregó que todas las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS), a mediante sus autoridades y médicos, deben brindar información diaria a los familiares de los pacientes. De lo contrario, al establecimiento de salud se lo puede denunciar ante su incumplimiento y sancionado.
«No solo es una obligación dispuesta por una norma, es también parte del trato humanizado que debe preservar la relación de médicos y pacientes al que se suman los trabajadores sanitarios y los familiares de los pacientes», instó el superintendente.
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Por ello, el funcionario recomendó que, en medio del actual estado de aislamiento social obligatorio, que limita el desplazamiento y ante el riesgo de generar nuevos contagios por coronavirus, las IPRESS deben emplear medios no presenciales para cumplir con su obligación.
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Los familiares deberán comunicar a los establecimientos de salud, los datos de una persona autorizada a la que se deberá ofrecer la información diaria sobre el estado de salud del paciente.
Finalmente, añadió que Susalud monitorea e interviene en situaciones donde no se cumpla con el derecho de acceso a la información que le asiste a todo paciente, para salvaguardar sus derechos en salud.
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