La gracia concedida a Alberto Fujimori el día 24 de diciembre de 2017 por el presidente Pedro Pablo Kuczynski viola el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas de la masacre de Pativilca.
El derecho de gracia es, según el derecho peruano, la potestad que tiene el Presidente de la República para extinguir la acción penal a los procesados, y puede ser otorgado por razones de carácter humanitario para aquellos procesados que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales. La gracia, de ser aplicada en el proceso que se adelanta contra Alberto Fujimori ante la Sala Penal Nacional por el asesinato de seis campesinos en la localidad de Pativilca, el 29 de enero de 1992, tendría como efecto extinguir el proceso penal en su contra.
Al hacerse efectiva la gracia, y en consecuencia extinguir la acción penal, se produce el mismo efecto que una amnistía, la cual, en tanto que impide la investigación y el enjuiciamiento de las personas que puedan resultar responsables de crímenes de derecho internacional o de violaciones graves de los derechos humanos, viola las obligaciones internacionales del Estado peruano.
Es de señalar que la investigación eficaz de las violaciones de derechos humanos es esencial para que se conozca la verdad sobre los hechos. Además, las víctimas y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad sobre los casos de violaciones de derechos humanos. Asimismo, la sociedad en pleno tiene derecho a conocer la verdad sobre la comisión de graves crímenes, así como las circunstancias y las razones de su comisión para que tales crímenes no se repitan en el futuro. La organización considera que no investigar y, en su caso, procesar a los presuntos perpetradores constituye un mensaje de tolerancia de las violaciones de derechos humanos y perpetúa la impunidad.
Amnistía Internacional recuerda una vez más que durante el mandato de Alberto Fujimori, la organización documentó centenares de casos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
El 5 junio de 2017 la Corte Suprema de Chile concedió la extradición de Alberto Fujimori por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir, afirmando su carácter de crímenes de lesa humanidad. En julio del mismo año la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional del Perú formuló acusación contra Fujimori y solicitó 25 años de prisión. De acuerdo con información de conocimiento público, el 11 de enero de 2018 la defensa de Alberto Fujimori habría solicitado que se haga efectiva la gracia concedida por el presidente Kuczynski y que se extinga esta acción penal en su contra.
Amnistía Internacional demanda una vez más, como lo hizo cuando Alberto Fujimori se encontraba detenido en Chile a la espera de su extradición entre el 2005 y el 2007, que es una obligación de derecho internacional del Estado peruano que Alberto Fujimori sea investigado y, de existir pruebas suficientes y admisibles en su contra, juzgado de los crímenes que se le imputan.
ONU: Indulto a Fujimori es “bofetada” para víctimas de violaciones de DDHH