La representante en Perú de la organización Amnistía Internacional, Marina Navarro, consideró que no se puede seguir dilatando en el Ministerio Público la investigación por el caso de las esterilizaciones forzadas ocurridas en la década de 1990 y 2000.
«Recientemente la Fiscalía ha pedido una ampliación del plazo de 150 días (…) pero no se puede segur dilatando el tiempo porque estamos hablando de un caso que para algunos lleva 18 años», comentó.
Explicó que, según fue informada, esta ampliación obedece a que el Ministerio Público está recogiendo más testimonios que podrían dar cuenta de un número mayor de casos contemplados.
Recordó, en este marco, que las cifras manejadas por la Fiscalía dan cuenta de más de 2,000 víctimas que habrían sido sometidas al llamado Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria sin su consentimiento.
Sin embargo, sostuvo que si bien es importante recoger más testimonios, esta labor debe darse dentro del plazo establecido y no contemplar más ampliaciones porque se trata de una investigación fiscal que había sido cerrada y fue reabierta en mayo del 2015.
En otro momento, invocó a que exista una mayor celeridad en la inscripción al Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), al que calificó como positivo, pues se precisa tener con prontitud las cifras reales de las víctimas de estas intervenciones.
Esterilizaciones forzadas: Declaran de interés nacional atención a víctimas https://t.co/cBPQBIAATF pic.twitter.com/sqyp5IPoED
— Crónica Viva (@cronica_viva) November 6, 2015
«Esperamos que vaya más rápido de lo que está actualmente. Por ahora se está trabajado en tres regiones por lo que hemos pedido que también se trabaje en todos los lugares donde ocurrieron estos hechos», mencionó.
Por otro lado, reiteró su llamado a que los candidatos incluyan dentro de sus propuestas de gobierno el pago de reparaciones a las víctimas de esterilizaciones, así como destinar mayores recursos al Ministerio Público para que vea este proceso.
ANDINA
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